Redondo publicó en La Gaceta la “instalación” de la CICIH antes de dejar el Congreso

Tegucigalpa.- Antes de concluir su gestión al frente del Congreso Nacional, el entonces presidente del Legislativo, Luis Redondo, remitió para su publicación en el diario oficial La Gaceta el decreto 48-2025, con el que se pretendía dar por instalada la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), pese a que el país aún no ha suscrito un convenio definitivo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El decreto, integrado por ocho artículos, busca otorgar vida jurídica al mecanismo anticorrupción bajo la figura de querellante autónomo, permitiéndole intervenir en casos de corrupción de alto impacto tanto en el sector público como en el privado, así como actuar como acusador privado por un período de cinco años consecutivos.

La normativa establece que el Fiscal General de la República será el responsable de acreditar formalmente a cada uno de los integrantes de la comisión en su condición de querellantes autónomos. Además, faculta a la CICIH a presentar requerimientos fiscales conforme a la Ley del Ministerio Público y al Código Procesal Penal vigente.

Aunque el decreto plantea la autonomía funcional de la comisión, su financiamiento dependería exclusivamente de fondos nacionales, pese a que su estructura se concibe como un ente independiente en el marco de un eventual acuerdo con Naciones Unidas.

Sin embargo, la publicación de la normativa se realizó cuando Honduras únicamente ha suscrito un memorándum de entendimiento con la ONU, instrumento que no otorga plena vigencia internacional ni legal al mecanismo anticorrupción.

Ante este escenario, analistas jurídicos han señalado que la aprobación de una ley que da por instalada la CICIH sin que exista un convenio definitivo con Naciones Unidas podría constituir una irregularidad y generar conflictos legales en su futura implementación.