CNE advierte que no acatará resoluciones ilegales y responde a acciones del Ministerio Público

Tegucigalpa.– El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un pronunciamiento formal dirigido a los consejeros Marlon Ochoa y Cossette López, en el que establece su postura sobre las recientes actuaciones del Ministerio Público (MP) y las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en los casos relacionados con la elección de diputados en los departamentos de Olancho y Valle.

En el oficio CNE-P-380-2025, fechado el 4 de noviembre, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, señala que el Tribunal Electoral emitió resoluciones definitivas que ordenan inscribir a determinados ciudadanos como diputados electos, pero que estas decisiones han sido puestas en entredicho por el MP, al considerar que son contrarias a la ley y emitidas de manera ilegal.

Hall enfatiza que, conforme a la legislación hondureña, las sentencias del TJE son definitivas y de cumplimiento obligatorio, y que mientras no exista una resolución judicial que las anule, mantienen plena validez. Sin embargo, subraya que el CNE no puede ejecutar actos que sean considerados ilegales, ya que eso supondría violar la Constitución y la Ley Electoral.

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“Cuando las resoluciones de un ente jurisdiccional son declaradas ilegales, la autoridad administrativa debe abstenerse de acatarlas para no incurrir en responsabilidad”, señala el documento, citando el artículo 439 del Código Penal, que tipifica como delito el “Abuso de Autoridad” por cumplimiento de órdenes manifiestamente ilegales.

La presidenta del CNE advierte que las actuaciones del Ministerio Público en torno a este tema generan una situación inédita de conflicto institucional, pues cuestionan resoluciones del máximo tribunal electoral, cuya autoridad es de carácter definitivo y vinculante. No obstante, recalca que el Consejo actuará dentro del marco legal y bajo el principio de respeto a la ley y a las instituciones.

Finalmente, Hall insta a mantener la independencia y coordinación institucional, recordando que el CNE solo puede actuar con base en la ley y que cualquier intento de imponer decisiones ajenas al marco constitucional afectaría la legitimidad del proceso electoral y la seguridad jurídica del país.

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