Comisión Permanente se adelanta al caos: Congreso busca intervenir elecciones en una jugada anunciada

Tegucigalpa, HondurasTV — El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, leyó este jueves un comunicado de la Comisión Permanente que, bajo el discurso de “defender la voluntad popular”, deja al descubierto una peligrosa intención: preparar el terreno para que el Legislativo intervenga directamente en el proceso electoral si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no emite la declaratoria en los plazos establecidos.

El pronunciamiento no tomó por sorpresa a sectores políticos y analistas. Desde semanas atrás se advertía que un grupo de diputados —muchos de ellos sin haber logrado la reelección— buscaba abrir una puerta institucional para mantenerse vigentes y jugar un rol determinante en el desenlace electoral. El comunicado leído por Redondo confirma que esa jugada ya estaba escrita.

En su mensaje, la Comisión Permanente anuncia una agenda legislativa amplia y ambigua, que incluye desde salud, empleo y educación hasta amnistías y reformas penales, en un periodo que legalmente está bajo cuestionamiento. Acto seguido, instruye a una comisión especial —nombrada originalmente para investigar las primarias— a extender su alcance a las elecciones generales, mezclando funciones legislativas con atribuciones propias del órgano electoral.

Pero el punto más delicado llega cuando el comunicado invoca el artículo 205 numeral 7 de la Constitución, planteando que, si el CNE no realiza la declaratoria de elecciones, el Congreso estaría facultado para hacer el escrutinio y declarar resultados, incluso convocando al pleno para un conteo voto por voto de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos a nivel nacional.

Aquí surge la pregunta clave: ¿defensa de la democracia o intento de secuestro institucional? El CNE es el órgano constitucionalmente encargado de organizar, dirigir y declarar elecciones. Pretender que el Congreso asuma ese rol, bajo el argumento de una “posible falta de declaratoria”, no solo genera incertidumbre jurídica, sino que abre la puerta a una grave crisis de poderes.

Además, resulta imposible ignorar el contexto político. Varios integrantes de esta Comisión Permanente forman parte de un bloque que perdió respaldo popular en las urnas. Para ellos, prolongar el conflicto electoral y debilitar al CNE no solo les devuelve protagonismo, sino que les permite presionar, negociar o incluso condicionar el resultado final.

El comunicado insiste en la narrativa del “voto por voto” como demanda popular, pero omite un punto esencial: la ley electoral establece mecanismos claros para los escrutinios especiales y no autoriza al Congreso a sustituir al CNE por conveniencia política. Más que una salida institucional, lo que se perfila es un intento de imponer al Legislativo como árbitro electoral, algo que Honduras ya ha vivido con consecuencias nefastas.

Lejos de disipar la incertidumbre, la lectura de Luis Redondo la profundiza. En lugar de fortalecer al órgano electoral y exigir que cumpla la ley, la Comisión Permanente parece prepararse para capitalizar el caos, intervenir el proceso y redefinir el resultado desde el Congreso.

Lo ocurrido confirma lo que muchos anticipaban: esta acción no es espontánea ni improvisada. Es una jugada calculada de un grupo de diputados que, al verse desplazados por el voto popular, ahora buscan mantenerse relevantes desde la institucionalidad. La democracia hondureña, una vez más, queda en el centro de una disputa donde el poder parece pesar más que la voluntad del pueblo.