Congreso abre juicio político y aparta a cuatro funcionarios electorales señalados por graves irregularidades

Tegucigalpa.- En una decisión contundente, el Congreso Nacional inició la noche del jueves 9 de abril un juicio político contra cuatro altos funcionarios electorales, acusados de cometer serias irregularidades que habrían afectado el desarrollo de los procesos electorales de 2025.

Los señalados son el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y los integrantes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE): Mario Morazán, Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta, quienes fueron suspendidos de inmediato de sus cargos mientras avanzan las investigaciones.

Con 91 votos a favor de distintas bancadas, el Legislativo dio luz verde al proceso, respaldando denuncias que los acusan de violentar la Constitución, actuar con negligencia y demostrar incapacidad en funciones clave para la democracia del país.

El proceso inicialmente incluía a una quinta funcionaria, la consejera suplente del CNE Karen Rodríguez, quien optó por renunciar antes de enfrentar el juicio político, decisión que fue aceptada por el pleno.

Señalamientos graves y conducta cuestionada

Las acusaciones contra los funcionarios no son menores. Se les responsabiliza de obstaculizar el desarrollo normal de las elecciones mediante ausencias injustificadas en momentos críticos, negarse a firmar resoluciones y entorpecer decisiones fundamentales, acciones que ponen en duda su compromiso con la institucionalidad electoral.

Además, entre los señalamientos figuran conductas relacionadas con violencia de género, lo que agrava aún más el panorama y refuerza los cuestionamientos sobre su idoneidad para ejercer cargos públicos.

Comisión especial y ambiente tenso

El caso será manejado por una comisión especial de diputados que tendrá la tarea de investigar y dictaminar responsabilidades. Esta fue conformada tras una solicitud presentada por los congresistas Sergio Figueroa Velásquez, Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Miguel Edgardo Motiño Castellanos.

La sesión no estuvo exenta de tensiones. Diputados del partido Libertad y Refundación protagonizaron protestas dentro del hemiciclo, intentando interrumpir el desarrollo del proceso, lo que provocó advertencias de sanciones por parte del presidente del Congreso, Tomás Zambrano.

Un patrón preocupante

Este nuevo juicio político se suma a una serie de decisiones recientes del Congreso que evidencian una crisis en las instituciones del Estado. Apenas el 25 de marzo, el Legislativo destituyó al entonces fiscal general Johel Zelaya tras un proceso similar, y aceptó la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, en medio de fuertes cuestionamientos.

Los hechos reflejan un patrón alarmante de señalamientos contra altos funcionarios, lo que profundiza la desconfianza ciudadana y deja en evidencia la fragilidad de las instituciones encargadas de garantizar la legalidad y la transparencia en el país.