Elecciones 2025
CSJ cita a los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona Rodríguez por presunto prevaricato judicial
Tegucigalpa.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) citó formalmente a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona Rodríguez, para que comparezcan a una audiencia de declaración de imputado por el presunto delito de prevaricato judicial.
La audiencia fue programada para el martes 18 de noviembre de 2025, a las 2:00 de la tarde, y se llevará a cabo en la sala de prensa de la CSJ, según informó el máximo órgano judicial del país.
La citación, fechada el 12 de noviembre de 2025, instruye a la Secretaría del Despacho para notificar a los magistrados en debida forma. Asimismo, advierte que, en caso de que alguno de los citados no se presente, se podría emitir una orden de captura.
Origen de la acusación
La acción judicial deriva de actuaciones promovidas por el Ministerio Público (MP), que presentó una acusación formal contra ambos funcionarios por suponerlos responsables del delito de prevaricato judicial.
El MP sostiene que existen fundamentos suficientes para iniciar un proceso penal, apoyándose en pruebas documentales y testimoniales que, según la investigación, evidenciarían actuaciones contrarias a derecho en resoluciones emitidas por los magistrados del TJE.
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¿Qué implica el delito de prevaricato judicial?
El prevaricato judicial se configura cuando un juez o magistrado dicta resoluciones injustas o contrarias a la ley, motivadas por intereses ajenos a la correcta administración de justicia.
En este caso, la investigación pretende determinar si las decisiones tomadas por Flores Urrutia y Barahona Rodríguez violentaron los principios de legalidad y transparencia.
De confirmarse dichas irregularidades, los implicados podrían enfrentar responsabilidades penales que podrían impactar su continuidad en cargos de alta relevancia dentro del sistema electoral.
Implicaciones institucionales
Con esta citación, la CSJ da inicio a un proceso que podría tener importantes repercusiones en el ámbito electoral y judicial del país.
El caso adquiere especial relevancia en un contexto donde se exige mayor rigurosidad, independencia y transparencia en el actuar de las instituciones encargadas de impartir justicia.
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