Dagoberto Rodríguez denuncia a Roosevelt Hernández por estigmatización y amenazas

Tegucigalpa.- Dagoberto Rodríguez Coello, director de Radio Cadena Voces (RCV) y presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. En ella, acusa al General Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de varios delitos y de liderar una campaña institucional de hostigamiento contra los medios de comunicación.

Acusaciones principales
Difamación, injuria y amenazas: Rodríguez denuncia que Hernández, a través de medios oficiales de las Fuerzas Armadas, lo etiquetó como “sicario de la verdad”, junto con otros periodistas como Juan Carlos Sierra y Rodrigo Wong Arévalo, sin pruebas o fundamentos claros.

Estigmatización pública institucional: La publicación del boletín oficial FF.AA. Digital del 26 de mayo de 2025, edición 119, incluyó fotografías y textos que Rodríguez considera un acto de incitación al odio y difamación institucional, lo que podría poner en riesgo su integridad personal y profesional.

Riesgo para seguridad personal: Rodríguez afirma que esta campaña no es un simple agravio verbal, sino que al provenir de las Fuerzas Armadas —una institución con poder real, estructura vertical y capacidad de influencia— convierte estos señalamientos en amenazas concretas.

Contexto y antecedentes que agravan la situación
Ataques institucionales a la prensa: El Colegio de Periodistas de Honduras ha denunciado que estos señalamientos no son incidentes aislados, sino parte de una práctica sistemática de hostigamiento, judicialismo selectivo, y campañas de desprestigio desde medios oficiales.

Reacciones de organismos nacionales e internacionales: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las publicaciones y destacó cómo la libertad de expresión está siendo amenazada mediante acusaciones infundadas, publicación de acusaciones sin evidencias y uso del aparato militar o estatal para difamar periodistas críticos.

Campañas de intimidación legal: Además del caso actual, Rodríguez ha enfrentado querellas presentadas por funcionarios del Estado, por supuestas injurias y calumnias, vinculadas a investigaciones periodísticas que exponen presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos. En varios casos, tribunales han declarado inadmisibles esas acciones legales.

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Críticas al general Roosevelt Hernández
Responsabilidad institucional: Al fungir como Jefe del Estado Mayor Conjunto, Hernández representa, como cabeza visible de las Fuerzas Armadas, la responsabilidad por las publicaciones oficiales que estigmatizan a periodistas. La denuncia implica que no solo se trata de una persona actuando por iniciativa propia, sino de una acción institucional que él dirige o permite.

Uso inapropiado del poder militar: Hay una preocupación creciente de que se esté utilizando la autoridad militar para intimidar, silenciar o marginalizar voces críticas, lo cual debilita los estándares democráticos y los derechos fundamentales, sobre todo el de la libertad de prensa.

Falta de pruebas claras en las acusaciones: Rodríguez argumenta que no se han mostrado evidencias que sustenten las acusaciones formuladas contra él; empero, los señalamientos han sido difundidos ampliamente, lo que multiplica el daño a su reputación y pone en juego su seguridad personal.

Implicaciones para la libertad de prensa y la democracia
Esta denuncia se convierte en un punto de inflexión: si se permite que autoridades militares estigmaticen periodistas sin consecuencias, se abre una puerta peligrosa para la censura indirecta, el autoritarismo informativo y el debilitamiento institucional.

El precedente legal que se siente aquí será crucial: ¿responderá el Ministerio Público con diligencia? ¿Se protegerá al denunciante? ¿Se garantizarán medidas cautelares efectivas?

La credibilidad institucional de las Fuerzas Armadas está en juego. Cuando una institución estatal actúa como acusador sin presentar pruebas claras, y la acción va acompañada de difusión pública hostil, se socavan los principios de justicia, transparencia y estado de derecho.

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• Lo que Rodríguez exige
  Apertura de una investigación formal contra Roosevelt Hernández y otros implicados en la publicación del FF.AA. Digital.
• Medidas cautelares de protección para él, su familia y sus colegas, para garantizar que no sufran represalias físicas, legales o de otro tipo.
• Retractación pública del contenido ofensivo si no hay pruebas que sustenten los señalamientos, y medidas que garanticen que las Fuerzas Armadas no vuelvan a emplear publicaciones oficiales contra periodistas sin respaldo de hechos verificables.
• Supervisión por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, libertad de prensa y protección de los comunicadores. Entre estas instancias, Rodríguez solicita involucrar al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Evaluación crítica
Esta denuncia pone al descubierto una tensión estructural entre medios independientes y fuerzas de Estado en Honduras, donde las Fuerzas Armadas no solo tienen funciones militares, sino que parecen estar invadiendo espacios que deberían regirse por la crítica, la fiscalización y el debate público. Cuando un alto mando militar acusa públicamente –utilizando canales institucionales– a periodistas de difundir “falsedades” sin ofrecer evidencia, no se trata solo de una agravio personal, sino de una estrategia institucional de control del discurso.

Además, este caso revela un doble estándar: se exige a los periodistas responsabilidad, veracidad y prueba, mientras que cuando la versión oficial –o estatal– sostiene acusaciones contundentes, no hay exigencia equivalente de transparencia, rendición de cuentas o evidencia. Esa asimetría erosiona la confianza ciudadana, debilita el papel del periodismo como contrapoder esencial, y favorece entornos donde la autocensura o el silencio pueden volverse opciones de supervivencia para comunicadores.