De críticos a beneficiarios: el gobierno de Xiomara Castro recurre a las compras directas que antes condenaba

Tegucigalpa.- Cuando eran oposición, las compras directas representaban para Libertad y Refundación (Libre) un mecanismo de corrupción y despilfarro. Hoy, ya en el poder, parecen haberse convertido en una herramienta recurrente para sortear la burocracia y justificar el gasto público bajo el argumento de la “emergencia”.

Este lunes se publicó en el diario oficial La Gaceta un decreto PCM mediante el cual el Poder Ejecutivo autoriza a varias instituciones del Estado a realizar compras directas durante un período de 45 días, al declararse un estado de emergencia nacional por las lluvias.

Según el documento, la medida abarca a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Todas estas entidades podrán contratar de forma inmediata bienes y servicios sin pasar por licitaciones, argumentando la necesidad de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos.

Además, el decreto ordena a la Secretaría de Finanzas reorientar y gestionar los recursos públicos y externos disponibles, así como realizar las operaciones presupuestarias necesarias para ejecutar las acciones derivadas de la emergencia. También instruye a la Cancillería hondureña a gestionar asistencia humanitaria y financiera internacional destinada a cubrir las necesidades de recuperación y reconstrucción en las zonas afectadas.

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El Cuerpo de Bomberos y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) también deberán participar en la coordinación y seguimiento de la emergencia, junto con las alcaldías locales, con el fin de mantener una comunicación constante sobre los impactos y las respuestas en tiempo real.

Sin embargo, más allá de la justificación oficial, la medida ha despertado críticas entre analistas y sectores sociales que recuerdan cómo Libre y sus actuales dirigentes denunciaban vehementemente estas mismas prácticas en gobiernos anteriores, señalándolas como fuentes de corrupción. Hoy, con la administración de Xiomara Castro, el discurso parece haber cambiado: las compras directas ya no son un abuso, sino una “necesidad”.

La decisión llega además a pocas semanas de las elecciones generales, lo que incrementa las sospechas sobre el posible uso discrecional de los fondos públicos en medio del clima político.

En gobiernos anteriores, la figura del “estado de emergencia” fue utilizada repetidamente para evadir controles y rendiciones de cuentas, especialmente en obras públicas y programas sociales. Libre hizo de esas denuncias una bandera política durante años; ahora, con el poder en sus manos, enfrenta el mismo dilema ético: actuar con transparencia o repetir los viejos patrones que tanto criticó.

La diferencia, hoy, es que el argumento del “cambio” empieza a diluirse entre decretos, emergencias y contrataciones sin licitación. Y mientras el país enfrenta nuevas lluvias, la tormenta política por la transparencia apenas comienza.

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