Nuevo acuerdo con el FMI requiere una implementación efectiva – HONDUSATV

Tegucigalpa. – La Asociación para una Sociedad más Justa emitió un comunicado respecto al nuevo acuerdo del Fondo Monetario Internacional con Honduras:

A lo largo de los años, el gobierno de Honduras ha suscrito diversos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales han contemplado una serie de reformas que en su conceptualización buscan estabilidad macroeconómica y fiscal, y a la vez atender los problemas estructurales para un crecimiento inclusivo que contribuya a la reducción de la pobreza y desigualdad.

Estos, a la vez, dan una señal de compromiso, confianza, credibilidad y esperanza para atraer inversión y generar empleo. Sin embargo, el cumplimiento de metas de los acuerdos se ha visto empañado por una flexibilidad que resulta dañina para la estabilidad del país y que no favorece a los más vulnerables.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) efectuó una evaluación independiente del acuerdo 2019-2021 suscrito con el FMI, en el que identificó que -de las 30 metas estructurales contempladas- Honduras alcanzó un nivel de cumplimiento de 77%, quedando siete metas sin cumplir. Estas metas están relacionadas con la movilización de ingresos, sostenibilidad en el subsector eléctrico, gobernanza y calidad del gasto.

En ese sentido, con el propósito de apoyar la implementación efectiva del acuerdo 2023-2026 suscrito entre el gobierno de Honduras y el FMI, y contribuir al bienestar de la población, ASJ recomienda el establecimiento de un mecanismo efectivo de monitoreo, que promueva una mayor articulación y compromiso interinstitucional para asegurar el cumplimiento de las metas.

Con la visión de construir una sociedad más justa, especialmente para los más vulnerables, ASJ considera importante tomar en cuenta las siguientes acciones:

1. Incrementar y mejorar la ejecución de la inversión pública productiva, que contribuya a generar empleo e ingresos de las familias hondureñas. Asimismo, mejorar la focalización del gasto social para atender a la población en condiciones de vulnerabilidad, considerando que en los últimos 10 años la inversión pública solo ha representado el 9 % del total del presupuesto, mostrando niveles de ejecución del 73 % en promedio, lo que genera pérdidas significativas y rezago en los niveles de pobreza y desarrollo del país.

2. Tomar medidas para estabilizar la disponibilidad de las divisas para satisfacer la demanda y proteger las reservas internacionales, a fin de reducir la incertidumbre que podría traducirse en pérdidas de empleo para la población.

3. Avanzar con la reforma del subsector eléctrico, que contribuya a reducir las pérdidas para disminuir el riesgo de las finanzas públicas, estabilizar el suministro y brindar a la población un servicio de energía eléctrica de calidad, seguro y a bajos costos, que promueva la competitividad. Pese a que el subsector eléctrico ha sido parte de los últimos acuerdos y ha tenido especial

atención de la banca multilateral, sigue siendo el agujero negro de las finanzas públicas, representando transferencias del 9 % del presupuesto de la administración central para 2023, evidenciando inefectividad de los acuerdos con el FMI en definir las condicionalidades y no vigilar su cumplimiento efectivo.

4. Implementar mayores controles en el uso de recursos públicos mediante la simplificación administrativa, el control interno y la rendición de cuentas, para fortalecer la gobernanza, transparencia y lucha contra la corrupción.

Desde la sociedad civil organizada, valoramos como positiva la suscripción del acuerdo con el FMI y animamos al gobierno hondureño a evitar caer en los errores del pasado, pues un acuerdo sin compromiso, eficiencia y transparencia sólo ocasionará más pobreza.

Más allá de la obtención de recursos para financiar las prioridades que el gobierno define, el cumplimiento de este acuerdo debe ser visto como una oportunidad para lograr reformas fundamentales que contribuyan a mejorar los bienes y servicios que la población hondureña demanda.