Elecciones 2025
Peritaje sin legalidad, sin informe y pagado por Libre: otro golpe a la credibilidad del Ministerio Público
Tegucigalpa.- La crisis institucional hondureña alcanzó un nuevo nivel de absurdo este lunes, cuando el perito colombiano Jeison Villamil —contratado para “demostrar” la autenticidad de los audios atribuidos a la consejera del CNE Cossette López— confesó públicamente que su trabajo fue pagado por el Partido Libertad y Refundación (Libre). Sí: la misma fuerza política que ha mostrado un interés claro y repetido en desestabilizar el proceso electoral y manipular la narrativa pública.
El supuesto “informe técnico”, que según el Ministerio Público validaría la autenticidad de los audios, ni siquiera fue entregado en físico, carece de sustento legal, no tiene juramentación, no existe cadena de custodia y fue elaborado por una empresa extranjera cuya autoridad jurídica en Honduras es nula. Aun así, fue exhibido por el MP como si se tratara de una pieza probatoria legítima.
La escena terminó de derrumbarse cuando Villamil admitió que Libre le pagó directamente, detonando la indignación del abogado Dagoberto Aspra y de la defensa de López, quienes abandonaron la conferencia catalogando el acto como “ridículo” y carente de toda credibilidad.
Te puede interesar: Viceministra Julissa Villanueva estalla contra el ministro de Seguridad y lo responsabiliza por “inseguridad total” en plena campaña electoral
Un peritaje fuera de la ley y dentro de la política
La abogada Danelia Ferrera fue contundente:
-
No existe cadena de custodia.
-
No hubo orden judicial.
-
El peritaje se realizó sobre archivos sueltos, no sobre dispositivos originales.
-
El informe nunca se entregó por escrito.
-
Y el pago vino del partido que impulsa la acusación.
En palabras simples: no cumple ni un solo requisito técnico o jurídico para ser considerado prueba.
El exdirector de la Defensa Pública, Manuel Pacheco, fue aún más directo: la empresa colombiana no tiene autoridad legal para dar validez a un peritaje con aspiraciones judiciales, por lo que lo presentado no puede ni debe constituir evidencia en un proceso.
Te puede interesar: Gobierno de Libre asegura que la pobreza se redujo, pero, la población se pregunta ¿en qué parte del país?
El Ministerio Público, alineado al oficialismo
La participación del Ministerio Público en este montaje deja expuesta su alineación con la agenda del oficialismo. En vez de exigir la ruta legal —pericia ordenada por juez competente, cadena de custodia, análisis de fuente original y un informe formal—, respaldó un producto político financiado por Libre e introducido por un extranjero sin competencia legal en el país.
El resultado es una operación que socava aún más la confianza en las instituciones, manipula la opinión pública y convierte el Ministerio Público en un instrumento más en la estrategia del oficialismo para atacar a adversarios y tensionar el proceso electoral.
Una maniobra peligrosa en pleno año preelectoral
En un contexto ya marcado por denuncias de persecución, interferencia en órganos electorales y uso político del aparato estatal, este episodio no solo es escandaloso: es una amenaza directa a la transparencia y la estabilidad democrática.
Un peritaje pagado por un partido político, sin sustento técnico ni validez jurídica, presentado como “prueba”, es exactamente el tipo de maniobra que erosiona procesos electorales y abre la puerta a crisis mayores.
Honduras merece algo mejor que peritajes improvisados, instituciones parcializadas y espectáculos políticos disfrazados de ciencia forense. Lo ocurrido hoy confirma que las elecciones de 2025 están siendo manipuladas antes de que siquiera empiece la campaña.