PGR demanda a 97 exdiputados por la destitución de magistrados en 2012

Tegucigalpa.- La Procuraduría General de la República (PGR) ha interpuesto una demanda civil contra 97 exdiputados del Congreso Nacional por haber votado la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en diciembre de 2012. 
La acción de repetición, presentada ante los Juzgados de lo Civil, está valorada en unos 54 millones de lempiras, monto que el Estado debe recuperar tras una condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Nombres y algunos de los exdiputados señalados

Según medios hondureños, entre los diputados demandados están figuras prominentes que participaron del Congreso en 2012, entre ellos:

• Juan Orlando Hernández (quien presidía el Congreso en ese momento)

• Óscar Ramón Nájera

• Carlos Ramón Aguilar Guifarro

• José María Martínez Valenzuela

• Denis Roberto Velásquez Yanes

• Wilfredo Bustillo Castellanos

• José Vicente León Rojas

• Julio César Gámez Interiano

• Alberto Chedrani Castañeda

• Wesly Milena Vásquez López

• Roxana Geraldina González

• Brenda Mercedes Flores Serrano

• Eliseo Noel Mejía Castillo

• Yaudet Burbara Canahuati

• Victoria Carrasco García

• Mauricio Oliva Herrera

• Fredy Espinoza Mondragón

• Yessenia Coely Zelaya

• José Celín Discua Elvir

• María Teresa Chávez Lezama

• Abraham Kafati Díaz

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Contexto histórico y jurídico

• Los magistrados destituidos en 2012 fueron José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira.

• Esa destitución ocurrió tras una sesión muy polémica del Congreso, con 97 votos a favor y 31 en contra.

• La CorteIDH concluyó que hubo violación de derechos fundamentales y ordenó reparaciones al Estado hondureño.

• En su fallo, la Corte señaló que no existía un procedimiento legal para la destitución de magistrados en la Constitución vigente, lo cual torna ilegal el acto legislativo.

Qué busca la demanda

• La PGR exige que los exdiputados respondan con su patrimonio para sufragar los 54 millones de lempiras que el Estado pagó tras la condena internacional.

• Se proyecta un proceso con audiencia preliminar, fase de pruebas y alegatos hasta que se emita una sentencia que podría sentar un precedente en la rendición de cuentas por decisiones políticas de gran impacto.

Reacciones

• Algunos legisladores ya reaccionaron. Por ejemplo, el diputado Sergio Castellanos, uno de los 97, dijo que “cayó en una trampa” al votar a favor y se mostró dispuesto a responder ante la justicia

• Otro diputado, Ramón Barrios (de Libre), propuso que los 97 sean los responsables del pago y señaló que los fondos podrían haber invertido en hospitales

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