HONDURAS
Tensión institucional entre el Ministerio Público y la Corte Suprema por caso de magistrados del TJE
Tegucigalpa.- Un nuevo capítulo de fricción institucional sacude a Honduras, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inadmisible la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público (MP) contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona.
La resolución, adoptada por unanimidad por una sala Ad-Hoc de la CSJ, argumenta que los magistrados del TJE no gozan de la figura de antejuicio, ya que el artículo 47 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral los equipara en prerrogativas a los magistrados de la Corte Suprema, mientras que el artículo 421 del Código Procesal Penal excluye dicha figura para ellos. En síntesis, la Corte concluyó que el trámite promovido por el MP era jurídicamente improcedente.
Sin embargo, el Ministerio Público reaccionó de inmediato y, a través de un comunicado oficial, aseguró que no ha sido notificado de la resolución y exigió a la Corte Suprema “remitirla de manera inmediata” para poder actuar conforme a derecho. Además, advirtió que su equipo de fiscales “está listo para presentar el requerimiento fiscal correspondiente”, alegando que las investigaciones demuestran que los magistrados del TJE habrían emitido sentencias contrarias a la ley.
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El choque entre ambas instituciones ocurre en plena antesala de las elecciones generales del 30 de noviembre, en un contexto ya marcado por la desconfianza ciudadana hacia las autoridades electorales. En su comunicado, el MP subraya que su intención es garantizar “elecciones limpias y transparentes”, aunque desde distintos sectores se percibe la ofensiva como una escalada política que amenaza con debilitar la estabilidad institucional.
Por su parte, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la decisión fue unánime y sustentada en la normativa vigente. “Los magistrados del TJE no tienen derecho de antejuicio, por tanto, la solicitud presentada no cumple los requisitos legales”, explicó. La Sala Ad-Hoc, integrada por los magistrados Aída Patricia Martínez, Felipe Spears y Luis Discua, fue la encargada de revisar el expediente.
El Ministerio Público aún puede interponer un recurso de reposición en las próximas horas, pero, de mantenerse el fallo, la acción quedará archivada definitivamente. Mientras tanto, el conflicto entre ambas instituciones profundiza la tensión política y jurídica, justo cuando la sociedad hondureña demanda confianza y estabilidad de cara al proceso electoral.
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Analistas advierten que este pulso entre el MP y la CSJ no solo pone a prueba la independencia judicial, sino también el equilibrio de poderes en medio de un ambiente preelectoral cargado. En medio de acusaciones cruzadas, lo cierto es que el caso refleja una pugna más amplia por el control de los órganos clave del Estado, en un país donde la justicia y la política parecen caminar, una vez más, en la misma línea de fuego.