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TJE expone ante la OEA un intento del gobierno por manipular la representación institucional de Honduras
Tegucigalpa.- El comunicado enviado por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a la Organización de Estados Americanos (OEA) revela un hecho mucho más grave que una simple discrepancia administrativa: el Gobierno intentó suplantar la representación legal del sistema electoral hondureño ante el organismo interamericano, acreditando a funcionarios que ni tenían autorización, ni representación jurídica, ni siquiera capacidad real de presentarse a la reunión convocada.
La carta detalla que la Misión Permanente de Honduras ante la OEA acreditó únicamente a Marlon Ochoa (CNE) y Mario Morazán (TJE) como voceros institucionales, pese a que ninguno de ellos fue autorizado por los plenos respectivos. Y lo más delicado: ambos están señalados como protagonistas directos de la parálisis interna que ha sufrido el TJE en los últimos meses. Es decir, el Gobierno intentó que los mismos actores acusados de obstrucción y hostigamiento fueran quienes hablaran en nombre del país ante la comunidad internacional.
Peor aún: la delegación improvisada ni siquiera podía viajar. Según fuentes diplomáticas, Ochoa y Morazán solicitaron exponer vía Zoom y la OEA lo rechazó expresamente. Ninguno de los dos posee una visa vigente para ingresar a Estados Unidos, lo que hubiese obligado a solicitar un permiso de ingreso de emergencia por 48 horas: volar, hablar y ser expulsados inmediatamente. Una operación diplomática frágil y sin sustento, diseñada no para defender la institucionalidad, sino para “cumplir” un trámite sin asumir ningún riesgo político real.
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En el caso de Marlon Ochoa, el problema es todavía mayor: su historial incluye su participación en los disturbios de 2017, en la protesta que terminó en el incendio de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Ese expediente no se borra. Y Washington lo tiene presente. Enviar a alguien con ese antecedente como rostro del país ante la OEA es, en términos diplomáticos, un acto de provocación disfrazado de descuido.
El análisis es inevitable: el Gobierno no solo quiso excluir al presidente del TJE, Mario Flores Urrutia. Quiso reemplazarlo. Intentó suplantar a la autoridad legítima por operadores políticos alineados, sin credenciales legales ni acceso diplomático. Más que resolver la presión internacional sobre la crisis electoral, la maniobra evidencia el nerviosismo del oficialismo frente al escrutinio externo.
La situación se vuelve más crítica cuando se revisa el listado de irregularidades que el TJE describe: negativa deliberada a sesionar, ingreso arbitrario del Ministerio Público a las instalaciones del Tribunal, campañas de difamación pública, vigilancia contra magistrados y maniobras de antejuicio. Todo ello configura, como señala el documento, “una grave alteración del orden constitucional y un riesgo directo para la credibilidad del proceso electoral”.
La sesión del martes ante la OEA no será un trámite, será una vitrina internacional. Y lo que llega a esa vitrina es un país cuyo gobierno intentó manipular la representación institucional del sistema electoral. En diplomacia —como bien dicen los expertos— las formas importan tanto como el fondo. Y en este caso, el fondo es grave, pero las formas son aún peores.
Honduras entra en los días decisivos de su proceso electoral con una institucionalidad debilitada, un gobierno bajo sospecha y un TJE que ahora pide auxilio formal al sistema interamericano para proteger su independencia. La crisis ya no es interna: es hemisférica.
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El documento no es una nota filtrada ni un reclamo informal: es una comunicación oficial firmada y remitida por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia, la máxima autoridad del órgano encargado de garantizar la legalidad del proceso electoral hondureño. Esto amplifica el peso del señalamiento. No se trata de un conflicto político entre magistrados, sino de una advertencia formal del titular del TJE al sistema interamericano sobre intentos del gobierno por usurpar la representación institucional del país. Cuando el presidente del tribunal electoral se ve obligado a solicitar auxilio internacional para proteger su independencia, no estamos frente a una anomalía menor, sino ante un síntoma crítico del deterioro democrático que Honduras atraviesa.