ASJ alerta sobre 98% de impunidad en homicidios en Honduras

Tegucigalpa.- Honduras enfrenta un preocupante estancamiento en su sistema de seguridad y justicia, marcado por niveles críticos de impunidad, según la quinta entrega del informe “Estado de País 2026” presentado por el Instituto de la Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

El estudio revela que, aunque la tasa de homicidios ha disminuido significativamente en los últimos años —pasando de 85.5 por cada 100 mil habitantes en 2012 a 26.6 en 2025— el país continúa siendo el más violento de Centroamérica, con un promedio de seis asesinatos diarios. La ASJ advierte que esta reducción no refleja una mejora real en la efectividad del sistema de justicia.

Uno de los datos más alarmantes es el índice de impunidad, que alcanzó el 98% en 2025, dejando sin condena la mayoría de los 74,820 homicidios registrados en los últimos 15 años. Esto ocurre a pesar de que el Estado ha invertido más de 130 mil millones de lempiras en el sector seguridad y justicia entre 2022 y 2025, además de recaudar más de 4,400 millones de lempiras anuales mediante la Tasa de Seguridad.

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El informe también señala que la extorsión sigue siendo un problema grave, afectando al 10.6% de los hogares hondureños en 2025, lo que equivale a casi 295 mil familias. Departamentos como Yoro y Lempira presentan niveles aún más elevados, evidenciando una expansión territorial del delito.

En paralelo, la violencia de género continúa en niveles críticos. Durante 2025 se registraron 262 muertes violentas de mujeres, lo que representa un femicidio cada 33 horas. Asimismo, se reporta una denuncia por abuso sexual infantil cada siete horas, reflejando profundas fallas en la protección de los sectores más vulnerables.

Ante este panorama, la ASJ propone una transformación estructural del sistema de seguridad, enfocada en inteligencia táctica, modernización tecnológica, reformas legales y la profesionalización de los operadores de justicia, con el objetivo de reducir la impunidad y fortalecer el acceso a la justicia en el país.

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