DECLARACIONES
Gabriela Castellanos advierte que reforma de la ENEE no debe convertir la crisis eléctrica en un negocio para particulares
Tegucigalpa, Honduras. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, lanzó una fuerte advertencia en medio del debate sobre las reformas al subsector eléctrico y la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al señalar que la crisis de la estatal no debe convertirse en una oportunidad para transferir beneficios y funciones estratégicas al sector privado sin controles adecuados.
Castellanos cuestionó que el deterioro de la ENEE sea descrito únicamente como una crisis financiera y sostuvo que detrás de la situación actual existe un problema estructural relacionado con décadas de corrupción, decisiones políticas e ineficiencias administrativas.
“Decir que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) está quebrada es refugiarse en un eufemismo cobarde; la estatal no enfrenta simplemente una crisis financiera: ha sido desguazada, desvalijada y mutilada por décadas de corrupción”, afirmó.
La directora del CNA planteó que el país enfrenta un dilema al momento de discutir la reforma eléctrica: por un lado, existe la necesidad de transformar una empresa que acumula graves problemas financieros y operativos; pero, por otro, existe el riesgo de que bajo el argumento de modernizar el sistema se terminen transfiriendo beneficios estratégicos a intereses particulares.
“¿Cómo salvar una empresa estratégica para el país sin convertir su crisis en la oportunidad perfecta para transferir sus beneficios al mejor postor bajo la narrativa seductora de la modernización?”, cuestionó.
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CNA advierte sobre los riesgos de una mayor participación privada
Castellanos señaló que algunos sectores pueden presentar la participación privada como la única alternativa para resolver los problemas históricos de la ENEE, particularmente las pérdidas de energía y las deficiencias del servicio.
Sin embargo, advirtió que la experiencia hondureña demuestra que la apertura de un sector estratégico al capital privado no garantiza automáticamente competencia, eficiencia ni tarifas justas para los consumidores.
“Demasiadas veces hemos terminado socializando las pérdidas y privatizando las ganancias”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que cualquier reforma debe establecer con claridad cuáles serán las funciones que permanecerán bajo control estatal, cuáles podrían ser desarrolladas por empresas privadas y, especialmente, qué mecanismos de supervisión y rendición de cuentas serán aplicados.
La funcionaria también rechazó la idea de defender el actual funcionamiento de la ENEE únicamente bajo el argumento de que se trata de patrimonio nacional.
“Defender el actual status quo de la ENEE no es defender la soberanía”, manifestó, al cuestionar una estructura que, según sus declaraciones, ha permitido mantener pérdidas, interferencias políticas y denuncias de corrupción durante años.
Pérdidas de energía superaron los L21 mil millones
Uno de los principales puntos señalados por Castellanos fueron las pérdidas de energía registradas por la estatal.
De acuerdo con las cifras citadas por la directora del CNA, durante 2025 las pérdidas de energía rondaron el 35 %, lo que representó más de 21,400 millones de lempiras.
“Y ese porcentaje no es una abstracción contable”, afirmó Castellanos, quien señaló que esos recursos se pierden mientras la empresa enfrenta dificultades financieras y debe garantizar el suministro eléctrico a millones de hondureños.
Para la directora del CNA, reducir las pérdidas debe formar parte de cualquier proceso serio de transformación del sistema eléctrico y no limitarse a una discusión ideológica entre quienes defienden una mayor presencia estatal y quienes promueven una mayor participación privada.
A su juicio, el problema debe abordarse mediante medidas concretas que incluyan auditorías, recuperación de recursos, combate a la defraudación eléctrica y profesionalización de la administración.
Deuda de la ENEE supera los L100 mil millones
Castellanos también alertó sobre el nivel de endeudamiento de la empresa estatal, señalando que la deuda de la ENEE ya supera los 100 mil millones de lempiras.
Según su análisis, esta carga financiera limita la capacidad del Estado para realizar inversiones destinadas a modernizar la infraestructura y garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico.
La directora del CNA cuestionó además que el Estado continúe recurriendo a rescates financieros si no se atienden las causas estructurales que han provocado el deterioro de la empresa.
“Cada nuevo rescate financiero puede convertirse en una transferencia silenciosa de recursos públicos hacia un sistema que, si no cambia sus causas estructurales, continuará reproduciendo sus mismos problemas”, advirtió.
Castellanos plantea renegociar contratos y combatir la defraudación
Para la directora del CNA, una reforma profunda de la ENEE debe ir más allá de modificar leyes o redistribuir funciones.
Entre las medidas que considera necesarias mencionó la separación clara de las funciones dentro del sistema eléctrico, la transparencia de la contabilidad, la profesionalización de la administración y la atracción de inversión privada únicamente cuando resulte conveniente para el país.
También pidió enfrentar problemas que, según sus declaraciones, han permanecido durante años.
“Exige, ante todo, carácter político para renegociar contratos abusivos, perseguir la defraudación eléctrica y cobrar las obligaciones pendientes”, señaló.
Castellanos también cuestionó la influencia política dentro de la empresa estatal y defendió la necesidad de establecer una administración basada en criterios técnicos y profesionales.
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El antecedente de EEH
Uno de los principales antecedentes utilizados por Castellanos para advertir sobre una eventual transferencia de funciones al sector privado es el contrato suscrito con la Empresa Energía Honduras (EEH) para la gestión de la distribución eléctrica.
Según la directora del CNA, dicho contrato tenía entre sus objetivos reducir las pérdidas e impulsar inversiones para mejorar el sistema. Sin embargo, afirmó que los resultados estuvieron lejos de las metas previstas y que las pérdidas continuaron siendo uno de los principales problemas de la ENEE.
Ante la posibilidad de otorgar nuevamente funciones estratégicas a empresas privadas, Castellanos considera indispensable evaluar primero los resultados de experiencias anteriores.
“La experiencia de la Empresa Energía Honduras (EEH) debería servir como una advertencia”, manifestó.
En ese contexto, planteó que antes de tomar nuevas decisiones el país debe responder preguntas sobre el desempeño de ese contrato: qué funcionó, qué fracasó, cuánto costó y quién terminó asumiendo las consecuencias económicas.
“Antes de volver a transferir funciones estratégicas al sector privado, el país tiene derecho a saber qué funcionó, qué fracasó, cuánto costó y, sobre todo, quién terminó asumiendo los costos de ese fracaso”, afirmó.
CNA pide evitar un debate basado únicamente en ideologías
Castellanos sostuvo que el debate sobre el futuro de la ENEE no debería centrarse únicamente en determinar si la empresa privada o el Estado son buenos o malos administradores.
A su criterio, la discusión debe concentrarse en las condiciones bajo las cuales podría permitirse la participación privada, los controles existentes, los resultados que deben alcanzarse y los beneficios concretos para la población.
“La discusión no debería comenzar preguntando si el capital privado es bueno o malo. Debería comenzar preguntando bajo qué condiciones, con qué controles, con qué resultados verificables y en beneficio de quién se permite su participación en un sector estratégico para Honduras”, expresó.
Finalmente, la directora del CNA advirtió que cualquier reforma eléctrica que no enfrente la corrupción, la falta de transparencia, las ineficiencias y la influencia política corre el riesgo de convertirse únicamente en una nueva etapa de los problemas que han afectado históricamente a la empresa estatal.
“La energía eléctrica es la espina dorsal del desarrollo humano”, sostuvo Castellanos, quien llamó a evitar tanto una privatización sin contrapesos como la continuidad del modelo actual.
A su juicio, la verdadera modernización de la ENEE debe garantizar el valor público del sistema eléctrico y evitar que los intereses particulares prevalezcan sobre las necesidades de los usuarios y del país.