Cierre de gestión de Xiomara Castro y el polémico traspaso de mando

Tegucigalpa.- El gobierno de la presidenta Xiomara Castro culminó su mandato el 27 de enero de 2026, entregando el poder al conservador Nasry “Tito” Asfura, quien ganó las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en medio de una votación muy ajustada y cuestionamientos de fraude por parte de varios sectores políticos. Lo que deja un cierre de gobierno marcada por irregularidades.

Más allá de la disputa electoral, el proceso de transición se ha caracterizado por una tensión política significativa: no se concretó una transición formal coordinada por ambos gobiernos, lo que ha generado incertidumbre institucional y críticas de expertos y opositores políticos.

SEFIN y la deuda heredada al nuevo gobierno

En las semanas previas al cambio de administración, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) del gobierno saliente reconoció que no podrá liquidar todos los pagos programados antes del fin del mandato. El secretario de Finanzas explicó que, por razones propias del cierre del ejercicio fiscal y la disponibilidad de caja del Estado, quedan compromisos pendientes de ejecución que deberán asumir la nueva administración.

Esta deuda, conocida técnicamente como deuda flotante, suele oscilar entre 8,000 y 15,000 millones de lempiras al cierre de un periodo de gobierno, y cubre obligaciones con empresas constructoras, proveedores, y municipalidades.

Aunque SEFIN aseguró que antes de finalizar su gestión se desembolsarán alrededor de 1,000 millones de lempiras para aliviar parcialmente estos compromisos, gran parte de las obligaciones aún quedarán en manos de la administración de Asfura.

Reacciones y críticas de distintos sectores

La decisión de dejar compromisos financieros sin liquidar ha generado críticas importantes de sectores empresariales, analistas y partidos políticos. Empresas contratistas han señalado que los atrasos afectan directamente su liquidez y capacidad operativa, ya que dependen de pagos periódicos para sostener proyectos en ejecución.

El ministro de SEFIN ha defendido que la deuda no es atribuible a una administración sino a prácticas recurrentes en las transiciones en Honduras. Algunos especialistas han advertido que estos pasivos pueden limitar la capacidad de la nueva gestión para priorizar programas esenciales o para invertir en nuevas iniciativas sin antes cumplir con los compromisos heredados.

Contexto de una transición tensa

El conflicto alrededor de los pagos y cuentas gubernamentales se ha dado en un contexto más amplio de falta de coordinación institucional entre el gobierno saliente y la administración entrante. La presidenta Castro decidió no transferir las cuentas oficiales de redes sociales del gobierno a Asfura, archivándolas como registro histórico digital, y no se constituyó formalmente una comisión de transición con participación técnica de ambas partes.

Esto ha generado preocupación sobre la disponibilidad de información institucional clave y el acceso a datos necesarios para una administración entrante que arranca con limitaciones para planificar políticas públicas en áreas críticas.

Asumir con desafíos financieros y políticos

Al asumir el mando, Asfura enfrenta no solo esta carga de compromisos económicos, sino también una situación de polarización política, con una sociedad dividida por el resultado electoral y la gestión de Castro, así como con retos en áreas como la pobreza, la seguridad y la reactivación económica.

Además, sectores han destacado que proyectos importantes —como obras de infraestructura o iniciativas sociales anunciadas pero no concluidas— requerirán atención inmediata del nuevo gobierno, lo cual podría verse afectado por la necesidad de reacomodar el presupuesto y priorizar el pago de deudas heredadas.

Lo que viene en la administración de Asfura

La administración de Nasry “Tito” Asfura, quien se juramentó como presidente de Honduras para el periodo 2026–2030, ha prometido enfrentar la pobreza, combatir la corrupción y fomentar la inversión, en un gobierno que busca estabilizar las finanzas públicas y reorganizar la política económica tras un inicio marcado por desafíos fiscales.

Para lograrlo, uno de sus retos será restructurar la gestión financiera pública, lidiar con los compromisos heredados y establecer mecanismos de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, todo en medio de una presión social que demanda mejores condiciones de vida y mayor estabilidad económica.