Exsecretario de Desarrollo Social rechaza acusaciones en el caso SEDESOL y denuncia persecución política

Tegucigalpa.- El exsecretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, José Carlos Cardona Erazo, emitió un extenso comunicado en el que rechaza de manera categórica las acusaciones en su contra relacionadas con el denominado “caso SEDESOL”, por el cual se ha librado una orden de captura en su contra, y denuncia un proceso marcado por presiones políticas, trato desigual y violaciones a su derecho a la defensa.

Cardona Erazo señaló que tuvo conocimiento de la acusación tras la difusión pública de una llamada telefónica grabada en video entre la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo y su persona, material que fue hecho público el 23 de junio de 2025. A raíz de ese hecho, presentó su renuncia inmediata al cargo con el objetivo de facilitar una investigación transparente y objetiva sobre su actuación, pese a que —según afirma— se presentó en dos ocasiones ante el Ministerio Público y solicitó en al menos tres oportunidades rendir declaración formal, sin obtener respuesta.

Origen del FAS y falta de lineamientos claros

En su comunicado, el exfuncionario explicó que la creación del Fondo de Administración Solidaria (FAS) fue una decisión política del gobierno 2022-2026, adoptada tras la abolición del Fondo Departamental por parte del Congreso Nacional, el cual acumulaba históricos señalamientos de corrupción. El objetivo del FAS, según indicó, era atender la alta demanda de asistencialismo y proyectos comunitarios en zonas no cubiertas por la política de focalización social vigente.

No obstante, aseguró que ninguno de los ministros de las instituciones ejecutoras fue consultado para la creación del fondo y que su inclusión en el Presupuesto General de la República 2023 representó una sorpresa y un serio problema administrativo y técnico para las instituciones obligadas a ejecutarlo.

En el caso específico de la SEDESOL, institución concebida como un ente técnico para la formulación, monitoreo y coordinación de políticas del Gabinete Social, Cardona Erazo afirmó que la ejecución del FAS contradecía la naturaleza misma de la secretaría. A ello se sumó, según su versión, la falta de personal técnico capacitado, la inexistencia de un reglamento aprobado y las presiones políticas ejercidas para acelerar la ejecución del fondo.

Rol de los diputados y presiones políticas

El exsecretario detalló que los diputados se comunicaban directamente con la unidad ejecutora del FAS, trasladando solicitudes de ayudas y conformando un comité técnico para su aprobación. Aclaró que la Ley General de la Administración Pública establece claramente los mecanismos institucionales de mando, haciendo inviable que un ministro revise individualmente decenas de miles de solicitudes y expedientes de ayuda, situación que —según indicó— fue constatada por el Tribunal Superior de Cuentas en su informe respectivo.

Asimismo, denunció que la diputada Isis Carolina Cuéllar estuvo a cargo de la distribución de las cuotas presupuestarias asignadas a cada diputado, ejerciendo presiones constantes para acelerar la ejecución del fondo, bloquear diputados a discreción y amenazar con represalias políticas ante el incumplimiento de sus instrucciones, las cuales —según afirmó— provenían de la coordinación general del partido LIBRE, la jefatura de bancada en el Congreso Nacional y la presidencia de ese poder del Estado.

Cardona Erazo sostuvo que su negativa a actuar fuera del marco legal le generó ataques constantes por parte de la diputada y de la bancada de su propio partido, así como un deterioro total de su relación personal y profesional con Cuéllar, quien —según afirmó— habría manifestado públicamente su intención de ocupar su cargo.

Falta de reglamentación y vacíos administrativos

El comunicado también señala que Casa Presidencial nunca aprobó la publicación del reglamento de la unidad ejecutora del FAS, debido al rechazo de la presidenta Xiomara Castro a convertir a la SEDESOL en un ente ejecutor de fondos con carácter político, por el impacto negativo que ello tendría en la imagen del sector social.

Además, Cardona Erazo indicó que la Secretaría de Finanzas (SEFIN) aprobó dos resoluciones a finales de 2023 sin especificar si las ayudas debían pagarse mediante cheque u otro mecanismo, ni estableció disposiciones generales en el presupuesto sobre la forma de pago a los beneficiarios. Esta ausencia de lineamientos obligó a las instituciones a buscar mecanismos de ejecución que respondieran a la urgencia de las necesidades planteadas por las comunidades a través de los diputados, quienes fungían como gestores del fondo.

Negación de vínculos y defensa legal

El exsecretario negó de forma tajante haber participado en la creación, alteración o manipulación de expedientes de ayudas, así como conocer personal o indirectamente a beneficiarios del FAS. Afirmó que nunca visitó el departamento de Copán por temas relacionados con el fondo ni tuvo contacto con el equipo de la diputada Cuéllar sobre estos asuntos.

Reiteró su compromiso de someterse a la justicia y confirmó que su defensa legal presentó un escrito de presentación voluntaria ante el juez natural, solicitando medidas sustitutivas conforme a las garantías constitucionales y la oportunidad de demostrar su inocencia, derecho que —según afirmó— le fue negado por el Ministerio Público.

Denuncia de persecución y llamado a organismos de derechos humanos

Cardona Erazo denunció que, tras su renuncia, fue sometido a un trato desigual, quedando en una situación de indefensión mientras otras partes involucradas conservaron cargos, privilegios y ventajas políticas. Aseguró que su carrera profesional y política ha sido completamente destruida, y que ha recibido amenazas constantes tanto de miembros del partido LIBRE como a través de mensajes anónimos, debido al impacto del escándalo en la opinión pública.

Finalmente, solicitó a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales monitorear la evolución del caso y brindar protección a su familia, a quienes calificó como víctimas colaterales del proceso. Como ciudadano, hizo un llamado al nuevo gobierno para eliminar definitivamente este tipo de fondos y evitar que los diputados tengan acceso a recursos públicos, reiterando que su función constitucional debe limitarse a legislar.

El comunicado fue emitido desde el Distrito Central el 2 de febrero de 2026.