Denuncian presunto uso discrecional de fondos públicos en “bono del pescado”

Tegucigalpa.- La abogada y directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó públicamente una serie de transferencias económicas que habrían sido entregadas a diputados del Congreso Nacional, señalando que podrían constituir un uso indebido de recursos del Estado y recalca lo que en la ciudadanía denuncian.

Según la denuncia, varios legisladores —principalmente de la bancada del Partido Liberal, aunque no se descarta la participación de otros sectores— habrían recibido montos cercanos a los 100 mil lempiras cada uno. Estas asignaciones han sido denominadas popularmente como el “bono del pescado”, reflejando el malestar ciudadano ante lo que se percibe como una práctica irregular.

Castellanos criticó que este tipo de transferencias responden a una lógica histórica de manejo discrecional de fondos públicos, donde los recursos estatales son utilizados sin un propósito claro de beneficio colectivo. A su juicio, esta práctica evidencia la falta de voluntad de ciertos sectores políticos para abandonar esquemas que debilitan la institucionalidad.

Asimismo, advirtió que el uso de dinero público bajo la figura de “ayudas sociales” no constituye una política pública legítima, sino una distorsión de la función estatal. Señaló que cuando los fondos del pueblo se distribuyen entre actores políticos, se rompe el principio de representación ciudadana y se fomenta una cultura de reparto de beneficios.

La titular del CNA también cuestionó la rapidez con la que estas transferencias habrían sido autorizadas desde el Poder Ejecutivo, lo que, según indicó, revela una relación entre Ejecutivo y Legislativo basada en intereses compartidos más que en controles democráticos.

Otro de los puntos señalados es la falta de mecanismos efectivos de supervisión. Castellanos afirmó que la entrega directa de dinero a cuentas personales de diputados, sin auditorías ni controles claros, encaja dentro de lo que calificó como “corrupción permitida”, facilitada por vacíos legales y su interpretación discrecional.

Además, sostuvo que estos fondos no solo representan privilegios, sino que también funcionan como herramientas para consolidar lealtades políticas, perpetuando un sistema que prioriza intereses particulares sobre las necesidades de la población.

Finalmente, Castellanos enfatizó que el problema es estructural. Afirmó que los diputados no deben administrar ni distribuir recursos públicos, ya que esa función corresponde a instituciones técnicas encargadas de ejecutar políticas públicas bajo criterios objetivos.

La directora concluyó que Honduras requiere una gestión pública transparente, centrada en la creación de leyes que respondan a las necesidades del país, así como un Ejecutivo comprometido con el uso responsable de los fondos estatales.

DISCULPEN MI CASTELLANO

Gabriela Castellanos
Abogada

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¿Quién paga la factura del pescado?

Mientras millones de hondureños ajustan sus gastos tras una semana de asueto, ha trascendido que varios diputados, principalmente de la bancada liberal, pero sin descartar que otros… pic.twitter.com/XgmmPAheUt

— Gabriela Castellanos (@GCastellanosL) April 13, 2026