Ministerio Público mantiene línea oficialista al presentar requerimiento contra magistrados del TJE

Tegucigalpa.- El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el delito de prevaricato judicial, acusándolos de emitir resoluciones contrarias a la ley al ordenar la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.

El documento, emitido por la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales, acusa a los magistrados de actuar “de manera irregular, arbitraria y anticipada”, pese a que, según la propia normativa del TJE, las decisiones deben tomarse con la participación de los tres magistrados propietarios o del suplente, lo cual —según el MP— no ocurrió.

Sin embargo, esta acción del Ministerio Público llega apenas unos días después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inadmisible el antejuicio contra los mismos magistrados, bajo el argumento de que gozan de las mismas prerrogativas que los magistrados de la Corte, es decir, que no pueden ser acusados sin un proceso previo.

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El MP, no obstante, insistió en proceder “por mandato legal”, en una decisión que analistas y sectores independientes consideran alineada con la línea oficialista del gobierno, en momentos donde crecen las tensiones entre instituciones electorales a pocas semanas de los comicios generales.

Para críticos del proceso, esta actuación del Ministerio Público refleja una estrategia de presión institucional y política sobre los organismos que deben garantizar la transparencia electoral. Además, la rapidez con la que se presentó el requerimiento, pese al fallo reciente de la CSJ, refuerza la percepción de un uso selectivo de la justicia.

El requerimiento contra Flores Urrutia y Barahona Rodríguez podría agravar el clima de confrontación dentro del sistema electoral hondureño, justo cuando el país enfrenta la mirada internacional tras las advertencias de la ONU sobre la necesidad de independencia judicial y respeto a la institucionalidad democrática.

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En medio de la crisis de confianza, el MP continúa mostrando un enfoque que, más que garantizar transparencia, parece apuntar a mantener el discurso y la agenda oficialista en un momento político altamente sensible para Honduras.