Exfuncionario hondureño acusado en EE. UU. por sobornos

Francisco Roberto Cosenza Centeno, de 65 años y director ejecutivo de un comité de la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (TASA), figura como uno de los tres individuos señalados por la Fiscalía estadounidense.

Junto a él, se incluyen en esta acusación Carl Alan Zaglin, de 68 años, propietario de una firma textil en Georgia, y Aldo Nestor Marchena, de 50 años y residente en Boca Raton, Florida.

El entramado de sobornos, según la Oficina de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, operó desde marzo de 2015 hasta noviembre de 2019, involucrando pagos ilícitos a funcionarios del Gobierno hondureño, incluyendo a Cosenza, con el propósito de asegurar contratos relacionados con uniformes y otros suministros para la Policía Nacional.

Cosenza, en su cargo como director ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso de la TASA, y otros funcionarios gubernamentales presuntamente facilitaron la adjudicación de contratos a Zaglin, Marchena y otros individuos para la venta de uniformes y bienes destinados a la institución policial, además de garantizar el pago de dichos contratos.

Para encubrir estos sobornos, se alega que Zaglin, Marchena y Cosenza, entre otros, emplearon mecanismos de lavado de dinero, canalizando fondos ilícitos a través de cuentas bancarias y empresas pantalla tanto en Estados Unidos como en Belice.

Según la acusación, «los conspiradores enviaron más de 166.000 dólares a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario extranjero hondureño para promover el plan».

Los tres individuos enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, mientras que Cosenza y Marchena también son acusados de un cargo adicional de lavado de dinero y otro por participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas.

De ser hallados culpables, Cosenza y Marchena podrían enfrentar hasta 30 años de prisión como pena máxima, reflejando la seriedad y gravedad de los delitos que se les imputan.

Este suceso judicial proyecta impactos significativos en el ámbito legal, político y económico, generando un cuestionamiento crucial sobre la integridad en los procesos de contratación gubernamental en Honduras y el manejo de recursos en instituciones clave como la Policía Nacional.