Gobierno intensifica medidas contra el crimen organizado

El gobierno de Honduras implementa acciones radicales para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad nacional.

Honduras.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de Honduras anunció el viernes en cadena nacional de radio y televisión una serie de medidas contundentes para combatir el crimen.

El CNDS liderado por la presidenta Xiomara Castro, contó con la participación de la titular del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, los ministros de Seguridad y Defensa, Gustavo Sánchez y José Manuel Zelaya.

Las acciones radicales del Plan de Solución contra el Crimen

Entre estas acciones se destaca la construcción inmediata de un centro de reclusión de emergencia entre Olancho y Gracias a Dios, destinado a trasladar a 20,000 reos de alta peligrosidad.

Además, se lanzará una licitación para construir una prisión de máxima seguridad en la Isla del Cisne.

Esta cárcel de la Isla del Cisne, será de máxima seguridad con capacidad para 2,000 reos y estará ubicada a 250 kilómetros de Islas de la Bahía, Caribe de Honduras.

Recluirá a narcotraficantes, reclusos de alto perfil, personas que hayan cometido actos de corrupción y cabecillas de bandas criminales del país.

Por otra parte, el gobierno ordenó la intervención urgente en los municipios con mayor incidencia criminal.

Las secretarías de Seguridad y Defensa, junto a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), planificarán y ejecutarán intervenciones en áreas afectadas por sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos.

Sumado a esto, se capturarán a los líderes y miembros de maras, pandillas, narcotraficantes y extraditables.

Estas medidas buscan recuperar espacios ocupados por criminales en barrios y colonias con alta incidencia delictiva.

La junta interventora del sistema penitenciario deberá iniciar el proceso de licitación y construcción de la cárcel en la Isla del Cisne en un plazo máximo de dos semanas.

Las medidas adoptadas por Honduras se asemejan a las implementadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Quien logró reducir drásticamente la actividad criminal en su país, aumentando su popularidad y control sobre el parlamento.

Reformas legales y medidas adicionales

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que ese Poder del Estado deberá reformar el Código Penal para clasificar a pandilleros y miembros de bandas criminales como terroristas.

Todos lo que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos, serán calificados como terroristas.

También se solicitará al Congreso Nacional reformas al Código Procesal Penal para aplicar medidas preventivas a todos los juzgados y permitir el juzgamiento colectivo.

«El CN someterá a aprobación en su tercer debate la Ley para el control de la venta de tarjetas SIM CARD, CHIP O ESIM y el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios y la Ley de Colaboración Eficaz».

Se someterá a aprobación la ley de control de venta de tarjetas SIM, y la ley de Colaboración Eficaz.

Las compañías de telecomunicaciones que no cumplan con el control de venta de chips enfrentarán la cancelación de sus licencias de operación.

Agregado a estas medidas, se endurecerán las penas por delitos contra la vida y la integridad física de los operadores de seguridad y justicia: Policías y Militares, Jueces y Fiscales.

Por otra parte, se promete reformar el reglamento del Banco Central de Honduras (BCH) para controlar las transferencias electrónicas atípicas vinculadas a la extorsión y secuestro.

«Reformar el Acuerdo Número 01-2016 del Directorio del Banco Central de Honduras (BCH), Reglamento para los Servicios de Pago y Transferencia Utilizando Dinero Electrónico, con el fin de controlar las transacciones atípicas propias del delito de extorsión y secuestro, que utilizan billeteras electrónicas»

Compromiso de la CSJ en la lucha contra el crimen

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, señaló que el Poder Judicial deberá establecer los mecanismos necesarios para autorizar el uso del brazalete electrónico u otros medios técnicos.

Mismos empleados para la custodia de individuos procesados sujetos a medidas impuestas por jueces y tribunales de justicia del país.

Los cuales, prometen sustituir los altos costos de vigilancia permanente por parte de efectivos policiales o militares, en el caso de adultos mayores, personas con problemas de salud debidamente comprobados.

Este beneficio no cubre las personas procesadas por los delitos a los que se refiere esta resolución.

Se espera que el lunes 17 de junio, designará el número necesario de jueces y personal para las operaciones de recuperación y control en zonas con alta criminalidad.

La Fiscalía General también designará el número de fiscales necesarios para esta labor.

Es importante mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública será la responsable de coordinar en colaboración con la Secretaría de Defensa, las Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público para la ejecución del presente Plan de Soluciones Radicales Contra el Crimen.