«No puede quedar en un simple pleito»: Julissa Villanueva

Julissa Villanueva insta a una investigación ampliada tras la masacre en Támara; exige responsabilidad integral en la tragedia carcelaria.

Honduras.- Julissa Villanueva, la actual viceministra de Seguridad, ha instado a una extensión del requerimiento fiscal en relación con la tragedia que tuvo lugar en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en junio de 2023, donde 46 mujeres perdieron la vida en una operación meticulosamente planificada por miembros de la Pandilla 18.

En declaraciones recientes, la funcionaria expresó su preocupación por la actuación del Ministerio Público en este caso, destacando la necesidad de incluir a los autores intelectuales en el requerimiento presentado contra las autoras materiales.

Villanueva subrayó la importancia de indagar sobre el suministro de armas y municiones, buscando determinar quién fue responsable del 96% de las municiones encontradas en la escena y las armas utilizadas en el ataque.

“Se debe promover siempre las investigaciones para que no se quede en una impunidad descarada”, afirmó Villanueva, haciendo hincapié en la necesidad de abordar las responsabilidades dentro del establecimiento penitenciario.

La funcionaria instó al Ministerio Público a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre este incidente, rechazando la idea de reducirlo a «un simple conflicto entre reclusas».

Esta postura se produce después de que la Fiscalía presentara un requerimiento el 18 de enero de 2024, acusando a nueve pandilleras de la Pandilla 18 por los delitos de asociación para delinquir, asesinato, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte de arma de fuego permitida.

Las pandilleras acusadas fueron identificadas como: Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Sarai Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila, todas ellas guardan prisión actualmente.

El comunicado de la Fiscalía describe la masacre como una «operación meticulosamente planificada», donde las acusadas utilizaron armas de fuego de diversos calibres, objetos punzocortantes y contundentes.

Lograron someter a las autoridades penitenciarias y atacaron a mujeres afiliadas a la mara Salvatrucha (MS-13) en diferentes módulos.

La coordinación precisa y sorpresiva resultó en la ejecución de 23 reclusas, mientras otras 23 murieron asfixiadas o calcinadas al intentar resistir el ataque.

Este episodio representa uno de los momentos más oscuros en las cárceles hondureñas, evidenciando la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta firme por parte de las autoridades.

La demanda de Julissa Villanueva por una investigación exhaustiva destaca la urgencia de abordar no solo las consecuencias inmediatas, sino también las causas subyacentes de esta tragedia en Támara.