Caso Bográn y Moraes: Programan el juicio por malversación para abril de 2024

El juicio para los exfuncionarios de Invest-H, Bográn y Moraes, por presunta malversación de fondos públicos se fija para abril de 2024. Se alega el uso irregular de recursos destinados a la emergencia del COVID-19.

Honduras.- La Sala V del Tribunal de Sentencia ha fijado una fecha crucial en el calendario judicial hondureño: el 24 de abril de 2024 marcará el inicio del juicio oral y público para los exaltos funcionarios de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn y Alex Moraes.

Ambos enfrentan acusaciones por presunta malversación de caudales públicos, una situación que ha mantenido en vilo a la opinión pública desde que las acusaciones salieron a la luz.

Lucía Villars, vocera del Poder Judicial, dio a conocer que las acusaciones se centran en el manejo irregular de los fondos destinados a la atención de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19.

Según los detalles proporcionados, Bográn y Moraes habrían autorizado la estadía de cinco empleados durante un lapso de 15 días en un hotel situado en el municipio del Distrito Central, la capital hondureña.

El propósito declarado de esta estadía era facilitar una gira de trabajo en las localidades donde se planeaban instalar hospitales móviles, específicamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Se alega que esto se llevó a cabo bajo la premisa de cumplir con los protocolos de bioseguridad, dado que los empleados estarían en contacto directo con individuos positivos de COVID-19.

Sin embargo, la fiscalía reveló un aspecto clave: el gasto total generado por el alojamiento de estos cinco funcionarios ascendió a la cifra de 101 mil 199 lempiras con 40 centavos.

Estos fondos, según la acusación, fueron extraídos del presupuesto destinado a infraestructura vial, lo que ha suscitado una controversia aún más intensa en torno a la presunta malversación de recursos públicos.

El Ministerio Público ha dejado claro que este caso no solo representa una presunta falta administrativa, sino que también podría tener implicaciones legales de gravedad, dado el manejo irregular de fondos asignados para atender una emergencia sanitaria nacional.

Este juicio, esperado con ansias por sectores preocupados por la transparencia y la correcta administración de recursos públicos, se posiciona como un hito determinante en la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas en Honduras.

El análisis minucioso de las pruebas presentadas y el veredicto resultante no solo influirán en la trayectoria futura de los acusados, sino que también tendrán un impacto significativo en la percepción de la ciudadanía sobre la justicia y la probidad en la gestión pública.