La defensa de Hernández, representada por la abogada Sabrina P. Shroff, ha expresado su preocupación ante el manejo de ciertos datos clasificados que serían debatidos durante el juicio, programado para dar inicio el próximo martes 20 de febrero.
Shroff ha denunciado lo que considera «restricciones inaceptables», argumentando que la información en cuestión no posee el carácter de protegida ni representa una amenaza a la seguridad.
En este contexto, la decisión sobre la admisibilidad de la información clasificada recae exclusivamente en el juez Castel, quien analizará detenidamente los argumentos presentados por ambas partes en la audiencia de hoy.
Se espera que durante este encuentro se discuta el manejo de las pruebas clasificadas, con la participación activa de las partes involucradas.
Uno de los puntos más destacados de la audiencia es la solicitud de la fiscalía de prohibir al expresidente Hernández hacer referencia a las reuniones mantenidas durante su mandato con autoridades estadounidenses.
Esta petición se sustenta en el carácter clasificado de la información, considerada sensible por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, como la DEA y la CIA.
Expertos legales, como el abogado penalista Juan Carlos Díaz, señalan que estas instituciones mantienen ciertas normativas de seguridad que podrían respaldar la confidencialidad de dichos encuentros.
Por otro lado, la fiscalía argumenta que la divulgación de esta información podría generar confusión entre los miembros del jurado y, además, comprometer investigaciones en curso y operaciones tanto en Honduras como en la región.
Esta postura de la fiscalía, en contra de la revelación de material sensible o información clasificada, se enmarca en su compromiso por preservar las fuentes y métodos de las agencias de inteligencia y seguridad, según antecedentes previos en casos similares.