Exempleado de Copeco condenado por malversación durante pandemia

En un golpe a la corrupción durante la crisis sanitaria, Edin Antonio Carballo Franco, exmiembro de Copeco, fue condenado por desviar suministros destinados al COVID-19.

Honduras.- En un revés judicial que destapa la corrupción entrelazada en tiempos de crisis, Edin Antonio Carballo Franco, un antiguo motorista en la Secretaría de Gestión de Riesgos (Copeco), ha sido condenado por malversación de fondos en relación con la venta ilegal de equipos destinados al combate de la pandemia.

El Ministerio Público de Honduras informó sobre la sentencia condenatoria derivada de su participación en un entramado que incluye la sustracción y venta de suministros médicos críticos a precios irrisorios.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate Contra la Corrupción Pública (FETCCOP) ha llevado a cabo una investigación exhaustiva que reveló las actividades delictivas de Carballo Franco y su cómplice Hugo Mauricio Cardona.

Ambos ex empleados de Copeco fueron capturados en San Pedro Sula durante una operación conjunta con agentes del Departamento de Apoyo Estratégico, Operaciones Especiales y Comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Estos individuos, aprovechándose de su posición y acceso a los almacenes de Copeco, se dedicaron a la sustracción y posterior comercialización de batas, overoles y equipos de bioseguridad destinados a la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

La acción conjunta de las autoridades permitió desmantelar esta red de corrupción que comprometía los esfuerzos de respuesta ante la crisis de salud pública.

La sentencia condenatoria no se limitó solo a Carballo Franco y Cardona, sino que se extendió a otros implicados.

En audiencias de procedimiento abreviado, se dictó sentencia contra Carlos Alberto Turcios, Elder Saí Núñez y Ricardo José Toledo Urrea por el delito de uso de documentos públicos falsos continuados.

Además, Andrés Isaac Vados, Francis Omar Andino, Héctor Javier Fernández y David Alejandro Moya enfrentaron acusaciones por el uso de documentos públicos.

La complejidad de la red corrupta no solo se limitó a la sustracción y venta ilegal de suministros médicos, así como su malversación.

La FETCCOP también reveló un esquema mediante el cual siete personas obtenían incapacidades médicas supuestamente emitidas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Estas incapacidades eran entregadas en sus respectivas empresas para justificar ausencias laborales, constituyendo así un fraude a gran escala.

Entre los hallazgos de la investigación se incluye la resolución que declara sin lugar la petición de la ex jefa de Control de Ingresos de la municipalidad de San Pedro Sula, Ada Esperanza Muñoz. Muñoz había presentado una solicitud amparada en el Decreto Legislativo No-4-2022, relacionado con la amnistía política, en un intento por invalidar un proceso judicial en su contra por malversación de caudales públicos.