Honduras baja homicidios en 17% pero lidera índices de violencia en CA

A pesar de la reducción del 17% en homicidios, Honduras persiste como el país más violento en Centroamérica, según informe de la ASJ.

Honduras.- En el reciente análisis de la serie Estado de País 2024, presentado por la Asociación para Una Sociedad Más Justa en Tegucigalpa, se revelan datos que iluminan tanto avances como desafíos persistentes en la lucha de Honduras contra la criminalidad y la violencia.

Según el estudio, el año 2023 marcó un avance significativo para Honduras, con una reducción del 17% en los índices de homicidios.

No obstante, este avance no logra ocultar la sombría realidad de que el país sigue siendo el más violento de Centroamérica, ostentando una tasa de 31.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Este informe subraya un contraste alarmante en el ámbito de la violencia de género, evidenciando un incremento del 24% en los asesinatos de mujeres, un dato que destaca la necesidad de reforzar las políticas de protección y justicia para las víctimas de violencia basada en género.

La preocupación se extiende a la estructura misma encargada de salvaguardar la seguridad ciudadana.

Con una notable reducción en el número de efectivos policiales en los últimos dos años, Honduras enfrenta un desafío significativo para alcanzar la meta gubernamental de 28,000 oficiales activos para el año 2026.

Este déficit no solo plantea interrogantes sobre la capacidad del país para mejorar la seguridad pública, sino que también amenaza con debilitar los esfuerzos para restaurar la confianza en las instituciones de seguridad y justicia.

Pese a la disminución observada en la tasa de homicidios, la percepción de inseguridad entre la población hondureña persiste, exacerbada por un aumento en los casos de extorsión y una confianza menguante en las instituciones judiciales.

Este panorama de incertidumbre se ve agravado por tasas alarmantes de abuso sexual infantil, donde más del 80% de los casos permanecen en la oscuridad, dada la baja tasa de denuncias y un índice de impunidad que supera el 90%.

El 2023 también fue testigo de desafíos institucionales significativos, incluidas huelgas de fiscales que resultaron en la paralización de actividades en el Ministerio Público durante dos meses.

Estas interrupciones, junto con las críticas hacia las estrategias implementadas para combatir fenómenos como la extorsión, resaltan la urgente necesidad de fortalecer el sistema de justicia en Honduras.

Estado de país 2024: Seguridad y Justicia https://t.co/9SNojAyusC

— Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) (@asjhn1) March 12, 2024

Camino a soluciones

El Fiscal Adjunto, Marcio Cabañas, ha señalado que, a pesar de su reciente asunción al cargo en los últimos 15 días, ya se está trazando una estrategia de trabajo.

Cabañas ha identificado un fenómeno de migración y disminución de fiscales y personal en la dependencia que encabeza.

En la actualidad, se lleva a cabo una auditoría exhaustiva para comprender la situación de la institución.

El objetivo es obtener información detallada sobre el personal existente, identificar quienes se han retirado, emigrado o por qué no se ha fortalecido alguna unidad en particular.

Cabañas subrayó que la última evaluación para el ingreso de nuevos fiscales se llevó a cabo poco antes del inicio de la pandemia.

Desde entonces, no se ha incorporado nuevo personal a la institución. El fiscal enfatizó la necesidad de una asignación presupuestaria más sustancial, argumentando que con el presupuesto actual solo se puede aspirar a mantener lo existente.

Asimismo, destacó que un aumento en el presupuesto permitiría fortalecer las diversas unidades, no solo con la inclusión de nuevos fiscales, sino también con la adquisición de equipo técnico y científico destinado a la mejora de las investigaciones.

Reducción de la impunidad

La Magistrada de la Corte de Apelaciones en Materia de Extorsión, Julissa Aguilar, destacó la necesidad de fortalecer los pilares fundamentales del sistema judicial hondureño para combatir la impunidad en los crímenes perpetrados en el país.

Enfatizó que la prevención, la investigación diligente y un proceso judicial efectivo son elementos esenciales para determinar la tasa de impunidad en Honduras.

“Cuando el sistema penal reacciona ante un delito dice ante una situación concreta yo el derecho penal a través del Estado te coloco una sanción, pero si no se coloca la sanción entonces hay impunidad”

Aguilar subrayó que la respuesta del sistema penal ante los delitos desempeña un papel crucial en la lucha contra la impunidad.

Afirmó que la imposición de sanciones por parte del Estado ante situaciones delictivas concretas es fundamental para evitar la impunidad.

Asimismo, coincidió con el fiscal adjunto en la necesidad de asignar mayores recursos presupuestarios al sistema judicial, enfatizando que esta medida debe ir acompañada de una garantía de independencia entre los poderes del Estado.

En relación con la comparativa entre Honduras y El Salvador en cuanto a la cantidad de jueces por cada 100 mil habitantes, la magistrada señaló una diferencia significativa.

Mientras Honduras cuenta con solo nueve jueces por cada 100 mil habitantes, El Salvador tiene un índice ligeramente superior, con 10 jueces por cada 100 mil habitantes.

Esta disparidad resalta la importancia de una asignación adecuada de recursos para la contratación de personal en el sistema judicial hondureño.

A pesar de haber logrado un descenso histórico en la tasa de homicidios en las últimas dos décadas y los esfuerzos gubernamentales por mejorar la seguridad y la justicia, Honduras continúa siendo el más violento de Centroamérica.

Más detalles del informe Estado de país 2024:… pic.twitter.com/FsbU55VuKV

— Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) (@asjhn1) March 12, 2024

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Preocupante incidencia de asesinatos y extorsiones en Honduras

Carlos Hernández, director de ASJ, ha subrayado la necesidad de evitar la estimulación de la polarización desde el Estado.

Hernández destacó la importancia de reconocer la unidad como hondureños, aunque expresó preocupación por la alarmante tasa de homicidios de mujeres en el país, ocurriendo cada 23 horas.

El director de ASJ lamentó la persistente problemática de la extorsión, a pesar de la asignación de más de mil millones de lempiras para abordar el tema.

También señaló que, a pesar de encontrarse bajo un estado de excepción que implica renunciar a ciertos derechos ciudadanos, la incidencia de extorsiones ha aumentado en el último año.

En este contexto, Hernández informó que más de 700 millones de lempiras son destinados anualmente al pago de extorsiones, evidenciando una falta de avance significativo en la resolución de este grave problema que afecta al país.