Nicaragua: Creciente preocupación internacional por violaciones a los derechos humanos

La crítica internacional en el Consejo de Derechos Humanos resalta la preocupación por el deterioro de los derechos en Nicaragua, exigiendo acción y libertad para sus ciudadanos oprimidos.

Honduras.- El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido escenario de una sesión crítica en relación con la situación actual en Nicaragua.

La comunidad internacional, representada por la ONU, delegaciones de múltiples países y disidentes nicaragüenses, ha expresado una profunda inquietud ante lo que se describe como un país que se aleja cada vez más de los principios fundamentales de los derechos humanos.

«Cada día que pasa el país se desvía más de las libertades fundamentales, profundizando el sufrimiento del pueblo, alimentando el éxodo de los más jóvenes, y minando el futuro de las instituciones democráticas».

La alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Nada Al-Nashif, destacó el deterioro continuo de las libertades fundamentales en Nicaragua, lo que ha causado un incremento en el sufrimiento de la población y ha provocado la migración de la juventud, generando consecuencias preocupantes para el futuro de las instituciones democráticas en el país.

El testimonio presentado revela una situación alarmante: líderes políticos, indígenas, miembros de la Iglesia Católica, defensores de derechos humanos y periodistas han sido sistemáticamente atacados por el Gobierno, lo que ha forzado a muchos de ellos al exilio, impidiéndoles regresar a su tierra natal.

Entre los exiliados se encuentra Medardo Mairena, un activista desterrado por el Gobierno de Daniel Ortega debido a su compromiso con el Movimiento Campesino.

«Esperamos que la comunidad internacional nos ayude a salir de esto, de un Gobierno que no respeta los derechos humanos dentro de Nicaragua. Sabemos las dificultades que enfrentan también mis hermanos de lucha que aún son presos políticos», destacó Mairena, uno de los fundadores del Movimiento Campesino.

Las cifras presentadas por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos son igualmente preocupantes: se reporta la detención arbitraria de 17 mujeres y 54 hombres, incluyendo opositores políticos y defensores de derechos humanos, con denuncias de tortura y amenazas hacia los detenidos y sus familias.

Mairena, actualmente exiliado en Estados Unidos, insta a la comunidad internacional a intervenir para poner fin a lo que él describe como un Gobierno que no respeta los derechos humanos en Nicaragua.

Destaca las dificultades que enfrentan los presos políticos y hace un llamado urgente a la defensa de los derechos humanos para permitir el retorno de los nicaragüenses a su patria.

Las denuncias presentadas incluyen la cancelación del estatus legal del partido político indígena y afrodescendiente YATAMA, así como la privación de la libertad de dos de sus representantes en la Asamblea Nacional.

El paradero desconocido de Brooklyn Rivera, uno de los detenidos, genera inquietud por su salud e integridad física, mientras se señala la ilegal reasignación de escaños de YATAMA al partido gobernante FSLN.

Además, se han mencionado casos individuales alarmantes, como la detención de una mujer por usar una camiseta con un mensaje a favor de una «Nicaragua libre», limitándose su contacto con sus hijos menores y la situación del obispo Rolando Álvarez, quien permanece en prisión sin el debido cuidado y alimentación.

Ante estas acusaciones, la procuradora general Wendy Morales, en representación del Gobierno nicaragüense, rechaza contundentemente los diálogos críticos, considerándolos una intromisión en la soberanía del país. Sostiene que estas evaluaciones provienen de campañas de desinformación, rechazando cualquier injerencia externa en los asuntos internos de Nicaragua.

«Nos preocupa sobremanera la situación en la que se encuentran las personas e a cárcel, la manera en que están siendo torturadas, y estamos viendo que muchas personas son sometidas a situaciones de desaparición forzada, encarcelamiento injusto y aislamiento».

En este contexto, activistas y abogados, como Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), enfatizan la necesidad de presionar a Nicaragua para restaurar la democracia, garantizar elecciones libres y liberar a los presos políticos, mostrando gran preocupación por las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas y denunciando casos de tortura y desaparición forzada.

La sesión en el Consejo de Derechos Humanos resalta la creciente inquietud internacional por la situación en Nicaragua, planteando serias dudas sobre el respeto a los derechos fundamentales en el país centroamericano.