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HONDURAS

Parlamento hondureño despide el 2023 sin sesionar por consensos fracasados

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Los padres de la patria despiden este 2023 sin celebrar sesiones durante los últimos cuatro meses. La falta de consenso, acusaciones entre bancadas y caos legislativo. Este estancamiento preocupa a la sociedad y expertos en corrupción.

Honduras.- El Parlamento hondureño ha finalizado el año 2023 sumido en una parálisis inédita, sin llevar a cabo sesiones durante los últimos cuatro meses.

Este bloqueo crónico se atribuye a la falta de acuerdos entre el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) y las tres principales fuerzas de oposición, impidiendo así la elección de los nuevos fiscales general y adjunto, una decisión vital que se esperaba alcanzar con urgencia.

Esta parálisis de los padres de la patria ha bloqueado la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de 2024, vital para el país y que debe ser aprobado a más tardar el 31 de diciembre.

La confrontación entre las bancadas ha dejado en evidencia acusaciones mutuas: la oposición denuncia el intento de control del Ministerio Público por parte de la bancada de Libre, mientras estos últimos afirman que la oposición busca designar fiscales a su medida para evadir investigaciones por presuntos actos de corrupción.

A pesar de este estancamiento, el presidente del Congreso, Luis Redondo, tomó medidas inesperadas.

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El 1 de noviembre, una Comisión Permanente, compuesta por nueve diputados de Libre, seleccionó de manera interina a Johel Zelaya como nuevo fiscal general y a Mario Morazán como fiscal adjunto.

Esta acción desencadenó disturbios en las afueras del Poder Legislativo, dejando varios heridos.

Simultáneamente, el Bloque Opositor Ciudadano (BOC), conformado por las principales fuerzas de oposición y organizaciones civiles, se autoconvocó para sesiones ordinarias, desconociendo tanto a los fiscales interinos como a la Comisión Permanente liderada por Redondo.

 

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La falta de consenso para elegir al fiscal general y el fiscal adjunto, con una mayoría calificada de 86 votos, de los 128 diputados que integran el Parlamento, ha evidenciado nuevamente los intereses y ambiciones desmedidas de la clase política hondureña.

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Con el segundo aniversario del gobierno de Xiomara Castro en enero, se aguarda que Luis Redondo, convoque sesiones ordinarias para elegir la nueva junta del Parlamento y que con ello se regrese a legislar en tiempo y forma como corresponde.

La inactividad legislativa, criticada por la sociedad, no ha sido obstáculo para devengar el jugoso salario que reciben los legisladores, incluso algunos reclamaron por retrasos en el pago, así como se presume de acorde a las denuncias realizadas por diputados que ciertos grupos recibieron bonos navideños.

Esta parálisis ha llevado a Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a catalogar este congreso como «antidemocrático», una situación sin precedentes en la historia hondureña.

Castellanos enfatizó el daño causado al país por la detención de temas legislativos vitales, lo que ha generado un entorno caótico debido a la incapacidad de los diputados para llegar a acuerdos.

El retraso en la aprobación de reformas legales ha obstaculizado la instalación de una comisión contra la corrupción y la impunidad respaldada por las Naciones Unidas, afectando directamente la promesa de la presidenta Xiomara Castro de luchar contra la corrupción en Honduras.

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La crítica de Castellanos resalta la distancia entre las necesidades ciudadanas y el desempeño de los tres poderes del Estado, dejando claro que tras dos años de esta Administración, las expectativas no se han cumplido.

Se espera que en enero, con el inicio del tercer año del Gobierno de Xiomara Castro, el presidente del Congreso Nacional convoque a sesiones ordinarias, buscando restaurar la normalidad en un Legislativo que ha sido objeto de severas críticas por su inacción, a pesar de haber continuado percibiendo salarios.

Esta situación de bloqueo prolongado ha generado una percepción generalizada de descontento y desconfianza hacia la clase política, planteando interrogantes sobre la viabilidad del sistema democrático hondureño en un momento crítico para el país.

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