Requerimiento fiscal contra ocho agentes activos de la DPI

Ocho policías activos de la DPI enfrentan cargos por implantar pruebas y extorsionar a un ciudadano indefenso.

Honduras.- La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) ha iniciado acciones legales contra ocho oficiales en servicio activo de la Policía Nacional.

Estos están adscritos a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Los individuos enfrentan acusaciones de diversos delitos relacionados con la violación de derechos y abuso de autoridad.

Seis de los ocho agentes mencionados han comparecido ante los tribunales de justicia en el día de hoy.

Sus identidades han sido reveladas como:

1. Bayron Isidro Ramos Hernández
2. Josiel Fernando Rueda Núñez
3. Wilson Josué Durón Valladares
4. Carlos Noé Núñez Álvarez
5. Joel Renán Zambrano Banegas
6. Rodys Edgardo Hernández Casco
7. Walter Alexander Muñoz Muñoz
8. Denis Alfredo Estrada López.

Cargos e implicaciones

Los cargos presentados por el Ministerio Público incluyen asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación.

Así como abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público.

Según la investigación, los eventos en cuestión tuvieron lugar el 12 de enero de 2024, aproximadamente a las 4:40 a.m.

Los acusados llegaron a una residencia en la colonia Monte Fresco de San Pedro Sula, Cortés, a bordo de dos vehículos pick-up sin placas.

Tras forzar la entrada, sometieron al residente a una golpiza y registraron la propiedad.

Durante el interrogatorio, exigieron información sobre dinero, drogas, armas de fuego y otros bienes de valor, que el residente negó poseer.

No obstante, los agentes procedieron a despojarlo de sus pertenencias, incluyendo dispositivos electrónicos, documentación personal, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Además, intentaron desactivar el sistema de cámaras de seguridad.

Tras más de tres horas de detención ilegal y extorsión, los policías demandaron un rescate de 350 mil lempiras.

Ante la imposibilidad del residente de pagar esta suma, los agentes procedieron a fabricar pruebas incriminatorias, incluyendo la colocación de drogas y un arma de fuego en su posesión.

Finalmente, trasladaron al afectado a las instalaciones de la DPI en San Pedro Sula, continuando con las amenazas de enjuiciarlo con pruebas falsas si no cumplía con sus demandas financieras.

Estas acciones constituyen una grave violación de la confianza pública y un abuso de poder por parte de los agentes involucrados.

#MP presenta requerimiento fiscal contra ocho policías activos de la DPI que implantaron pruebas a ciudadano y le robaron https://t.co/iKE4Ncxbxt pic.twitter.com/XWDdUoxP5C

— Ministerio Público (@MP_Honduras) April 11, 2024