Tribunal Constitucional de Perú ordena poner en libertad a Alberto Fujimori

El Tribunal Constitucional peruano ordena la liberación de Alberto Fujimori, desafiando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo que genera controversia internacional y jurídica.

Perú.- En un giro legal que ha desencadenado controversia, el Tribunal Constitucional de Perú emitió este martes una orden para la liberación del expresidente Alberto Fujimori, contradiciendo la disposición previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del año anterior.

«Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori», reza un auto del Tribunal.

El fallo del Tribunal Constitucional, firmado por tres de sus actuales seis miembros con el voto decisivo del presidente del organismo, Francisco Morales, dictaminó la «fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso».

Este dictamen contradice la resolución emitida el pasado viernes por un juzgado en la región sureña de Ica, que declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori, devolviendo así el caso al propio Tribunal Constitucional.

El presidente del Tribunal, Francisco Morales, enfatizó la necesidad de «proceder a la excarcelación inmediata» de Fujimori, a pesar de las dos resoluciones previas emitidas por la CorteIDH, generando un conflicto jurídico de alto nivel.

El indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018 tras la petición de la CorteIDH de garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.

La reciente decisión del Tribunal Constitucional ha provocado inquietud a nivel internacional, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresando su preocupación ante la posibilidad de la excarcelación de Fujimori.

La CIDH remarcó que el Estado peruano debe abstenerse de otorgar un indulto «por razones humanitarias» en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos mencionados.

El organismo recordó que el 7 de abril de 2022 «estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto ‘por razones humanitarias’ en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta».

Además, la CorteIDH solicitó al Gobierno peruano un informe sobre el cumplimiento de su resolución del año pasado, mientras que el Tribunal Constitucional se manifestó en desacuerdo con la competencia de la CorteIDH en materia de cumplimiento de sentencias.

Los magistrados del Tribunal Constitucional, en su análisis, señalaron la obligación del Estado de cumplir con las decisiones de la CorteIDH, pero cuestionaron la autoridad de esta última para ordenar a un Estado la no ejecución de una decisión judicial, instando a someter cualquier incumplimiento a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

«En virtud de esa falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, este Tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo de 2022», remarcó.

La resolución del Tribunal Constitucional ha planteado un desafío legal considerable, evidenciando la complejidad y la discrepancia entre las interpretaciones nacionales e internacionales en materia de justicia y derechos humanos.