Tribunal Constitucional en Honduras: ¿Reforma necesaria o distracción?

Honduras.- La propuesta de creación de un Tribunal Constitucional en Honduras se ha sumergido en un mar de controversias y opiniones divididas.

La diputada Maribel Espinoza, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha calificado este movimiento como un «claro distractor» político.

En medio de un contexto donde el equilibrio de poderes es objeto de debate y escrutinio.Según Espinoza, la iniciativa, impulsada por el presidente del Congreso, requiere una mayoría calificada de 86 votos para su aprobación.

“Lo que se pretende es el ejercicio del poder dentro del Poder Judicial”.

Un umbral que parece lejano ante la oposición manifestada por figuras clave dentro del espectro político hondureño.

Tomás Zambrano, líder de la bancada del Partido Nacional, y el diputado Jorge Cálix, han expresado su rechazo a la propuesta.

Consolidando un frente común que cuestiona la necesidad y el momento de tal reforma.

La preocupación de Espinoza radica en la alteración potencial de la estructura actual del Poder Judicial.

Actualmente, el país cuenta con 15 magistrados, y el proyecto propone incrementar este número a 22, un cambio que, según la legisladora, podría alterar significativamente la dinámica de poder dentro del sistema judicial hondureño.

La Constitución de Honduras establece claramente la división de poderes en su Artículo 4, asignando roles específicos al Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La introducción de un nuevo Tribunal Constitucional, según críticos como Espinoza, podría desequilibrar esta estructura tridimensional.

Aunque ya existe una Sala de lo Constitucional que atiende asuntos de esta índole, la propuesta sugiere una ampliación y especialización que, para algunos, parece redundante o innecesaria.

Esta sala, argumentan, debería ser capaz de manejar los asuntos constitucionales de la nación sin necesidad de reformas adicionales.

Este debate llega en un momento donde la transparencia y la eficacia del sistema judicial están siendo vigiladas de cerca tanto por actores nacionales como internacionales.

Los próximos pasos en esta controversia no solo definirán la estructura del poder judicial en Honduras, sino que también podrían repercutir en la percepción pública del compromiso gubernamental con un sistema judicial equitativo y eficiente.