Amplían órdenes de captura en caso Narcopolítica II

Las complejas ramificaciones del caso Narcopolítica II se expanden con nuevas órdenes de captura. La red de corrupción vinculada al lavado de dinero a través de contratos gubernamentales revela una trama más profunda.

Honduras.-Las intricadas redes de corrupción en Honduras continúan revelando sus ramificaciones más profundas con la emisión de nuevas órdenes de captura en el caso conocido como Narcopolítica II.

Tras un intento infructuoso de entrega voluntaria, las autoridades han librado órdenes de captura contra Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, representante legal de la empresa INRIMAR, y su hermana, Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora ARDIQCO.

Estas órdenes se suman a una lista creciente de implicados en un esquema de lavado de dinero vinculado al tráfico internacional de drogas y contratos gubernamentales.

La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) ha bautizado este caso como Narcopolítica II, una trama que se desarrolla ahora con la audiencia inicial contra Iris María Sarmiento Ferreira, ex asistente de la gerencia técnica del Fondo Vial y la primera en presentarse ante los tribunales en relación con este caso.

La lista de implicados incluye figuras prominentes como el exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el extitular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Goméz Gavarrete;

Y el gerente propietario de INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien enfrenta un proceso legal en Estados Unidos por narcotráfico.

El caso Narcopolítica II se inauguró el 13 de septiembre de 2023 y se ha centrado en una acusación inicial contra 12 individuos señalados por participar en un entramado que facilitó el lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas a través de contratos de obras con el Estado hondureño, muchos de los cuales nunca se concretaron.

En su primera fase, este caso implicó al exministro de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Miguel Rodrigo Pastor, acusado de 21 delitos que abarcan fraude, cohecho y lavado de activos. Además, se señaló a exfuncionarios y otras personalidades por múltiples cargos de fraude y complicidad en actividades ilegales.

Tanto en la fase I como en esta nueva etapa II de Narcopolítica, las acusaciones se centran en la asignación de contratos a INRIMAR para realizar obras en varios departamentos del país, con un valor inicial de más de 68 millones de lempiras.

Esta suma se ha visto ampliada con otros 10 contratos que superan los 50 millones de lempiras, todos adjudicados sin que la empresa cumpliera con los requisitos legales para contratar con el Estado durante la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Se evidenció que las obras no solo fueron simuladas en su mayoría, sino que aquellas realizadas fueron sobrevaloradas, revelando así el propósito subyacente de legitimar a INRIMAR y utilizar las instituciones gubernamentales como herramientas para el lavado de dinero derivado del narcotráfico.

Este oscuro entramado judicial continúa desenmascarando una red compleja de corrupción que ha permeado los más altos niveles del gobierno hondureño, exponiendo la vulnerabilidad de los procesos de contratación pública y la urgente necesidad de reformas estructurales para salvaguardar los intereses del país contra estos abusos sistémicos.