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HONDURAS

Tras de las pista de Alba Flores: ¿Qué se sabe de ella?

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El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó que equipos especializados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están vigilando de cerca los movimientos habituales de Alba Flores en un esfuerzo por llevarla ante la justicia.

Honduras.- El Secretario de Seguridad, anunció que unidades especializadas están desplegadas en un operativo para capturar a personas relacionadas con el escándalo de los siete hospitales móviles, estas acciones incluyen la búsqueda de Alba Consuelo Flores, exsecretaria de Salud, junto con Roxana Melania Rodríguez Alvarado, exviceministra de Finanzas, y Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, una excolaboradora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

Estos individuos están acusados por el Ministerio Público de fraude y violación de deberes. El funcionario declaró que se están vigilando los movimientos habituales de estas personas con el fin de llevarlas ante la justicia.

A pesar de ello, la defensa de Alba Consuelo Flores ha expresado su voluntad de que se entregará voluntariamente ante las autoridades judiciales.

Karla García Arita, abogada de Flores, manifestó su confianza en que se respetarán los derechos de su defendida, alegando un escarnio público previo hacia los acusados.

«Ella se va a someter al proceso, confiamos y esperamos que se les respeten todos los derechos que le asisten en virtud de que hemos visto un escarnio público de las personas que han sido acusadas»

García explicó que la presentación voluntaria de Flores ocurrirá tras la resolución de un escrito de sustitución de la defensa privada.

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En una reciente operación policial, la exministra de Finanzas Rocío Tábora, también implicada en el caso de los hospitales móviles, optó por entregarse a las autoridades después de ser requerida por la Policía Militar del Orden Público en El Guasaule, Choluteca,

en la frontera con Nicaragua. Tábora fue presentada ante un juez quien dictaminó su detención, cumpliéndose esta en la Penitenciaría Femenina de Támara, ubicada al norte de Tegucigalpa.

Junto a Tábora, otras cinco personas están involucradas en este caso de corrupción, tres de las cuales ya han comparecido ante un juez y les fue dictado auto de formal procesamiento por fraude en calidad de cooperadores necesarios.

Las pesquisas del Ministerio Público sugieren un megafraude en la compra de estos centros médicos móviles por parte de Invest-H, donde se destinaron más de 47 millones de dólares del Estado hondureño, aunque el costo real se estima en 26.5 millones de dólares.

Además, se han identificado irregularidades como entregas tardías, equipos vencidos o usados, incumplimiento de requisitos para atender pacientes con COVID-19, entre otras anomalías.

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Este caso ya ha tenido implicaciones legales previas, con condenas a exdirectivos de Invest-H por fraude y violación de deberes.

Marco Bográn y Alex Moraes ya han sido sentenciados por delitos vinculados a los primeros requerimientos en esta investigación.

El proceso judicial y las operaciones policiales continúan en curso, buscando esclarecer y llevar ante la justicia a todos los involucrados en este escándalo de corrupción que ha impactado el sistema de salud hondureño durante la pandemia.

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