Gobierno de Nicaragua disuelve 15 ONG y traspasa sus bienes al Estado

El Gobierno de Nicaragua toma medidas drásticas al cancelar la personería jurídica de 15 ONG y transferir sus activos al Estado.

Nicaragua.- El Gobierno de Nicaragua ha tomado una medida drástica al cancelar la personería jurídica de 15 asociaciones que operaban como organizaciones sin fines de lucro.

Esta acción, anunciada el jueves, eleva el número total de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018 a más de 3,600.

En su mayoría, los activos de estas entidades han sido transferidos al Estado.

La decisión de disolver estas organizaciones fue respaldada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, y formalizada mediante dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

El Ministerio del Interior ha explicado que 13 de estas ONG fueron cerradas unilateralmente debido a violaciones a las leyes que las regulan, mientras que las otras dos solicitaron su disolución de forma voluntaria.

Entre las entidades afectadas se encuentran la Asociación de Líneas Aéreas, la Asociación Masaya sin Fronteras, la Asociación de Ganaderos Turna-Dalia, la Asociación Nicaragüense de Agrupaciones Musicales y Solistas, así como la Cámara de Servicios Pro Consumo Responsable, y otras de orientación cristiana evangélica.

En cuanto a la liquidación de los activos de estas organizaciones, el Ministerio del Interior ha señalado que corresponderá a la Procuraduría General de la República proceder al traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua. Esto, a excepción de aquellos organismos que solicitaron su disolución de forma voluntaria.

Con el cierre de estas 15 ONG, el número total de organizaciones disueltas desde las protestas populares que estallaron en abril de 2018 asciende a más de 3,600.

Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han afirmado que las ONG afectadas utilizaron recursos de donaciones recibidas para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega durante las protestas de hace seis años.

Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de estas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, ya que no todas las 7,227 organizaciones registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban activas.

A fines de febrero pasado, el Ministerio del Interior de Nicaragua y el Ministerio de Justicia de Rusia suscribieron un memorando de entendimiento sobre cooperación en el ámbito de la regulación legal de las actividades de las organizaciones sin fines de lucro.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, que resultaron controvertidas.

En estas elecciones, Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo, y su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o exilio.