HONDURAS
Caso Pandora II: Imputados, acusaciones y escándalo
En la Corte Suprema de Justicia, se lleva a cabo audiencia crucial por el Caso Pandora II: expresidentes Lobo Sosa y Hernández, junto a exfuncionarios, enfrentan cargos por fraude y lavado de activos.
Honduras.- En una jornada crucial que ha conmocionado los cimientos de la justicia hondureña, este miércoles se está llevando a cabo una audiencia trascendental en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El foco de esta cita legal ha sido la comparecencia de involucrados en el caso Pandora II, un entramado que ha dejado al descubierto presuntos actos delictivos cometidos por figuras políticas de alto rango en la nación.
#JuezNatural inicia Audiencia de Declaración de Imputado para el expresidente Porfirio Lobo por Fraude, exsecretario de Finanzas; Wilfredo Cerrato y exfuncionarios Johny Handal, Lilia Bográn, James Aldana y Roberto Zuñiga por Fraude y Violación a los Deberes de los Funcionarios. pic.twitter.com/4pMVtPvB8x
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) December 13, 2023
En el banquillo de los acusados se encuentran dos expresidentes, Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, junto con otros exfuncionarios señalados por una serie de delitos que socavan la integridad de la administración pública.
El exmandatario Juan Orlando Hernández, ya bajo custodia en una prisión estadounidense a la espera de juicio por acusaciones relacionadas con narcotráfico, ahora se enfrenta a nuevas imputaciones.
El Ministerio Público ha formalizado cargos por fraude y lavado de activos, este último valorado en más de 62 millones de lempiras, como parte de la extensión del caso conocido como Pandora.
Los implicados, entre ellos el exministro de Finanzas Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez y varios exgerentes y directores de instituciones financieras y gubernamentales, entre ellos, el extitular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez por fraude, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit, los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de presupuestos de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de BANADESA, David Eduardo Ortiz Hawit, son señalados por un entramado de corrupción que se extendió entre los años 2010 y 2013.
La investigación llevada a cabo por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) reveló una red que facilitó la aprobación y desembolso de fondos públicos que ascendieron a más de 288 millones de lempiras.
El meollo de la acusación recae en la presunta manipulación y desvío de estos fondos, canalizados a través de fundaciones como Todos Somos Honduras y Dibattista.
Se establece que estos recursos, autorizados desde el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, así como de Banadesa, fueron utilizados con fines políticos y personales, incluyendo el financiamiento de campañas electorales y la creación de empresas ficticias.
En particular, se señala que el expresidente Hernández Alvarado habría obtenido al menos 62 millones de lempiras provenientes de fondos públicos, utilizando artimañas como la creación de empresas fantasma, contratos ficticios y prestanombres.
Estos recursos, destinados a movimientos políticos como «Azules Unidos», «Amigos de JOH» y la sociedad mercantil «La Cachureca», han sido el epicentro de esta acusación que sacude el panorama político hondureño.
El papel del expresidente Porfirio Lobo Sosa no ha pasado desapercibido en esta compleja trama. Las investigaciones revelan su participación directa en las ampliaciones presupuestarias que permitieron los desvíos de fondos hacia las fundaciones objeto de la investigación.
Una de las transacciones clave, aprobada desde la Secretaría de Finanzas, fue el traspaso de 35 millones de lempiras hacia la fundación Todos Somos Honduras, según ha esclarecido la UFERCO en sus pesquisas.
Estos detalles han profundizado la gravedad de un caso que cuestiona la transparencia y la ética en la esfera gubernamental.
Las implicaciones de alto calibre señalan una red de corrupción que involucra a figuras políticas de la más alta jerarquía, sacudiendo los cimientos de la confianza ciudadana en las instituciones del país.
La expectación se mantiene alta mientras el sistema judicial de Honduras se embarca en una fase crucial para determinar la dirección y el desenlace de un proceso judicial que, más allá de las implicaciones individuales, arroja luz sobre la integridad de la democracia y el ejercicio del poder en Honduras.
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