Levantar estado excepción, ¿riesgo o necesidad?

El tenso pulso entre devolver derechos y combatir la criminalidad en Honduras se agudiza: ¿suspender el estado de excepción, riesgo para la seguridad o paso hacia la libertad ciudadana?

Honduras.- El tenso equilibrio entre la suspensión de derechos y la lucha contra el crimen en Honduras se ha convertido en el epicentro de un intenso debate entre la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el sector del transporte.

El detonante: la sugerencia de la ASJ de suspender el estado de excepción, confrontada con la firme advertencia del gremio transportista sobre las posibles consecuencias en manos de la criminalidad.

El estado de excepción, prorrogado recientemente hasta el 1 de enero de 2024, es considerado por el dirigente del transporte urbano en Tegucigalpa, Wilmer Cálix, como la única herramienta medianamente efectiva para combatir la extorsión, flagelo constante que afecta a este sector.

Cálix argumenta que este régimen especial es vital para salvaguardar la seguridad de quienes operan en un entorno altamente vulnerable a las extorsiones.

Al contrario, se debe fortalecer y prolongar el tiempo que sea necesario, apuntó el dirigente del transporte.

En el extremo opuesto, la ASJ ha alzado la bandera de la devolución de derechos ciudadanos, instando a mejorar y aplicar un plan antiextorsión más integral.

Han propuesto la suspensión del estado de excepción, señalando la falta de resultados tangibles en la reducción de la extorsión durante el prolongado periodo en que esta medida ha estado en vigor.

Esta divergencia de enfoques ha desencadenado una encendida discusión sobre el enfoque más efectivo para abordar la creciente ola delictiva en Honduras.

Mientras la ASJ aboga por una estrategia más holística, que involucre diversos sectores y enfoques, el sector del transporte advierte sobre el potencial riesgo de quedar a merced de la criminalidad en caso de levantar este estado excepcional.

El llamado de atención del gremio del transporte no solo insta a mantener vigente esta medida, sino que, de manera contundente, sugiere la posibilidad de su prolongación indefinida si fuera necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos y del propio sector.

En este escenario de tensiones y posturas divergentes, las autoridades enfrentan el desafío de conciliar la protección de derechos fundamentales con la efectividad en la lucha contra el crimen organizado.

El debate está servido, y el destino de la seguridad ciudadana pende en la balanza de estas decisiones.

La incertidumbre respecto al futuro de esta medida y sus implicaciones profundas en la dinámica social y delictiva de Honduras persiste, mientras la discusión entre devolver derechos y combatir la criminalidad se torna cada vez más intensa y crucial para el país.