Nuevo desafío para los hondureños: Alza en uniformes escolares

Con un incremento promedio de 50 lempiras, los uniformes escolares generan preocupación financiera entre las familias hondureñas.

Honduras.- En un contexto marcado por las fluctuaciones económicas, los padres y representantes se enfrentan a nuevos desafíos al preparar a sus hijos para este regreso a clases.

La reciente observación de Leonor Zúñiga, comerciante en un mercado capitalino, arroja luz sobre un incremento promedio de 50 lempiras en los precios de los uniformes escolares con respecto al año anterior, el 2023.

En la presente coyuntura, se estima que una camisa cubayera para niños se valora en 120 lempiras, mientras que un pantalón pequeño ronda los 150 lempiras.

Por otro lado, los zapatos formales de niño alcanzan un precio de 600 lempiras, representando un esfuerzo financiero significativo para muchas familias.

Además, otros elementos indispensables como el buzo deportivo para educación física se ofertan en 220 lempiras, una camiseta blanca en 50 lempiras y los tenis deportivos desde 350 lempiras.

Es preciso destacar que estos precios pueden variar dependiendo de la marca y el lugar de compra.

La declaración emitida por la comerciante capitalina refleja un incremento generalizado en los precios de los uniformes escolares, contrastando con la iniciativa gubernamental anunciada previamente.

José Santos Cabrera, director de Protección al Consumidor, anunció una reducción del 40 % en los precios de los útiles escolares la semana pasada.

Sin embargo, esta medida no abarca los uniformes, a pesar de las recomendaciones de precios accesibles por parte de la dependencia gubernamental.

Este aumento en los precios de los uniformes escolares plantea interrogantes sobre la accesibilidad a la educación para las familias de bajos ingresos.

Aunque el gobierno ha hecho esfuerzos por mitigar el impacto económico de la vuelta a clases, el desajuste entre las políticas públicas y las prácticas comerciales evidencia la necesidad de un mayor diálogo y coordinación entre las autoridades y los actores del sector privado para garantizar el acceso equitativo a la educación.

Nota relacionada: ¡Regreso a clases el primero de febrero!