INTERNACIONALES
Parlamento nicaragüense autoriza el ingreso de tropas de Cuba, Rusia, Venezuela y EE.UU.
Managua, 11 jun (EFE).– Militares de Cuba, Rusia, Venezuela y Estados Unidos fueron autorizados este martes por el Parlamento de Nicaragua para que ingresen al país en julio para «fines humanitarios, de adiestramiento e intercambio de experiencias con el Ejército» nacional, informó el Legislativo.
Con el voto de 72 diputados, en su mayoría oficialistas, el plenario aprobó un decreto que «autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos militares, naves, aeronaves y personal militar extranjero, para fines humanitarios, de adiestramiento e intercambio de experiencias con El ejército de Nicaragua», entre el 1 y el 31 de julio próximo, informó el Parlamento.
Además de los países mencionados, también podrán ingresar las Fuerzas Armadas de México, Taiwán y de países vecinos de Centroamérica, agregó la Asamblea Nacional nicaragüense.
El Poder Legislativo también autorizó al Ejército de Nicaragua para que pueda enviar militares hacia las naciones que enviarán a sus tropas, «con los mismos fines y en igual periodo».
La visita de tropas cubanas, rusas o venezolanas suelen causar polémica en Nicaragua, debido a que la oposición se resiste a que este país sea visto como «satélite» de los intereses geopolíticos de dichas naciones.
La controversia es mayor desde 2018, ya que Nicaragua se encuentra en una profunda crisis sociopolítica por protestas antigubernamentales, que el presidente Daniel Ortega identifica como «golpe de Estado» y que ha dejado a cientos de manifestantes muertos, presos o desaparecidos, así como decenas de miles de nicaragüenses en el exilio.
La crisis ha llevado a Venezuela a ofrecer el envío de soldados al país centroamericano, mientras que Estados Unidos apoya unas elecciones anticipadas en Nicaragua para resolver la crisis.
La crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos locales elevan la cifra a 594. El Gobierno reconoce 199.