Cossette López desafía a Marlon Ochoa: polígrafo, origen de los audios y pruebas antidoping para despejar la polémica

Tegucigalpa.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, lanzó este jueves una serie de retos públicos a su colega Marlon Ochoa para zanjar la disputa desencadenada por la divulgación de audios que, según Ochoa, implican a miembros del órgano electoral en un plan para desestabilizar el proceso. López exigió tres cosas concretas: someterse ambos a una prueba de veracidad (polígrafo) en público; que se identifique y muestre la procedencia y las horas exactas de las grabaciones; y la realización de exámenes antidoping a los consejeros, por lo que ella calificó de “comportamiento anómalo” de Ochoa.

La controversia se intensificó después de que Ochoa entregara al Ministerio Público una USB con decenas de audios que, según afirmó, prueban conversaciones entre una consejera del CNE y líderes políticos destinadas a desacreditar el proceso electoral. López negó categóricamente ser la voz en las grabaciones y ha cuestionado la autenticidad y la cadena de custodia de esos archivos. En respuesta, propuso que la verificación se haga “a la luz del pueblo”, mediante polígrafo supervisado por peritos independientes.

El segundo reto apunta a la trazabilidad forense de las grabaciones: López pidió que se revelen origen técnico, números de línea (si los hubiera), metadatos y las fechas y horas en que supuestamente fueron realizadas, y que se entregue esa información a peritos internacionales para un cotejo. Esta exigencia busca desmontar —según ella— maniobras de edición, montaje o manipulación con herramientas de inteligencia artificial que hoy permiten fabricar audios creíbles. Varios medios y actores políticos han puesto ya el foco en la necesidad de análisis forense de audio para dirimir la veracidad.

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El tercer punto, la solicitud de pruebas antidoping, sorprendió por su dureza y por lo explícito del señalamiento: López dijo que el comportamiento reciente de Ochoa no es “normal” y que, por transparencia, todos los consejeros deberían someterse a controles de sustancias. Propuso además que la medida sea por 60 días y bajo supervisión técnica. La petición abre un debate sobre límites éticos y jurídicos —¿puede exigirse pruebas médicas a funcionarios electos?— y sobre cómo combinar la transparencia con las garantías personales y constitucionales.

Reacciones políticas y técnicas han sido inmediatas y contrapuestas. Ochoa y aliados sostienen que los audios son prueba esencial para proteger la integridad del proceso electoral y han respaldado su entrega al Ministerio Público; por su parte, sectores que apoyan a López hablan de posible fabricación y de un proceso politizado que exige peritajes externos e imparciales. Organismos de la sociedad civil y expertos en forense digital han pedido que cualquier peritaje cumpla estándares internacionales de cadena de custodia para que sus conclusiones sean admisibles y confiables.

¿Qué puede seguir ahora? Jurídicamente, si el Ministerio Público ya incorporó los audios en una indagación, los peritajes oficiales y las órdenes judiciales determinarán la hoja de ruta. Políticamente, los retos públicos de López obligan a Ochoa a aceptar o rechazar mecanismos de verificación pública —lo que condicionará la percepción ciudadana—; y, si el CNE no acuerda protocolos claros para estas comprobaciones, la controversia podría prolongarse y afectar la credibilidad del ente a pocas semanas de la votación. Expertos consultados por medios subrayan que la única salida satisfactoria exige transparencia técnica, participación de peritos independientes y comunicación clara hacia la ciudadanía.

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En suma: la disputa entre consejeros pasó de ser interna a un choque público por pruebas y credibilidad. Las tres condiciones planteadas por Cossette López —polígrafo público, origen y metadatos de los audios, y pruebas antidoping— son hoy la línea divisoria que definirá si la controversia se resuelve por medios técnicos o escala en una crisis institucional que ponga en riesgo la confianza en el proceso electoral.