Sin embargo, la defensa de los acusados argumenta que el dinero tenía un propósito diferente: su destino era financiar cenas de Navidad y Año Nuevo para los reclusos.
El abogado Luis Romero afirmó que los familiares de los internos confirmaron que la suma estaba destinada a garantizar una celebración digna para aquellos privados de libertad.
Romero sostiene que esta decisión fue respaldada por el Comité Técnico interno de «La Tolva», quienes planearon utilizar los fondos para alimentar a los reclusos de manera adecuada durante las festividades.
«Está acreditado el origen del dinero y es que los mismos familiares han dicho que el dinero era para celebrarles la cena navideña y el Año Nuevo a los presos. En ningún momento las autoridades del centro penitenciario negaron la existencia del dinero».
La polémica se centra en la naturaleza del dinero y su presunto origen ilícito, vinculado a posibles extorsiones.
«Es un malentendido, ese dinero proviene de los familiares de los privados de libertad de ese centro penal. La finalidad del dinero era que se les pudiera dar un trato digno en Navidad y Año Nuevo. Hay 1,743 privados de libertad más el personal administrativo, salen menos de 120 lempiras por cada persona, es una cantidad muy proporcional respecto a una cena navideña».
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa investigando los detalles de la transacción: quién transportó el dinero hasta el centro penal, a quién estaba dirigido y si existía la intención de lavar estos fondos obtenidos mediante extorsión.
La audiencia inicial, programada para el martes 19 de diciembre, representa un punto crucial en este caso.
En medio de este escenario, es preciso recordar que «La Tolva» alberga exclusivamente a miembros de la pandilla Barrio 18, una de las dos organizaciones delictivas más poderosas en Honduras, junto a la Mara Salvatrucha MS-13.
Este incidente no solo revela las implicaciones legales sino también la complejidad de la gestión carcelaria y las posibles dinámicas corruptas dentro de los centros penitenciarios.
El desenlace de esta investigación no solo determinará la responsabilidad de los acusados, sino que también podría arrojar luz sobre prácticas más amplias dentro del sistema penitenciario hondureño.