Sara Medina y Carlos Guevara en audiencia inicial

En audiencia inicial los exdiputados Sara Medina y Carlos Guevara, que junto a otros imputados, enfrentan acusaciones de fraude por el desvío de millones de lempiras destinados a proyectos sociales.

Honduras.- En una jornada matutina de relevancia judicial, se lleva a cabo la audiencia inicial de los exdiputados Sara Medina y Carlos Guevara, junto con José Sánchez, ante el Juzgado de lo Penal especializado en Criminalidad Organizada y Corrupción.

#JuzgadoPenal en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción desarrolla Audiencia Inicial para los exdiputados Sara Medina, Carlos Guevara y José Sánchez acusados de Fraude.
Caso por manejo de más de 42 millones de lempiras del Fondo Departamental. pic.twitter.com/H7bdrW4iw4

— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) December 16, 2023

El motivo de este encuentro judicial radica en acusaciones de fraude que comprometen su responsabilidad en perjuicio de la administración pública, actuando como presuntos autores de la gestión indebida de más de 42 millones de lempiras procedentes del fondo departamental.

El espectro de acusación se extiende a siete individuos, con cuatro ya bajo custodia y órdenes pendientes para los restantes.

Giovanni Castellano Deras, Gladys Bernarda Casco, Miguel Ángel Gámez y Freddy Mondragón se encuentran en la mira de las autoridades en relación con estos hechos.

La secuencia de eventos sugiere la presunta colaboración de los implicados en el delito de fraude al presuntamente coordinar la desviación de los mencionados fondos provenientes del Congreso Nacional.

El supuesto modus operandi habría transcurrido a través de múltiples Organizaciones No Gubernamentales (ONG), según los datos preliminares presentados por la Fiscalía.

Los hechos esbozados sugieren que los involucrados aprovecharon su posición como diputados para canalizar recursos destinados a proyectos sociales mediante el Fondo de Desarrollo Departamental.

Sin embargo, posteriormente se desviaron estos fondos hacía cuentas personales de los legisladores, desvinculándolos de su propósito original y empleándolos en actividades ajenas a su destino previsto.

La acusación, fundamentada en esta presunta maniobra ilícita, pone de relieve la necesidad de indagar y esclarecer estos actos, dada la significativa afectación a los recursos destinados al bienestar colectivo.

La transparencia y la rendición de cuentas se tornan esenciales en estos momentos para salvaguardar la integridad de los procesos democráticos y la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.

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