El Ministro Pastor de María y Campos afirmó hoy que el gobierno también posee el derecho legítimo de expresar su propia versión de los acontecimientos, añadiendo que están en la disposición de hacerlo.
En un tono de rechazo contundente, desmintió cualquier insinuación de amenaza dirigida hacia la ASJ, enfatizando que su única intención es clarificar la identidad y las actividades de dicha asociación.
Es importante recalcar que la ASJ, en las últimas horas, ha alzado la voz denunciando supuestas amenazas y actos de odio provenientes de altos cargos gubernamentales, tras la publicación del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2023.
La ASJ, como capítulo de Transparencia Internacional, dio a conocer el pasado 30 de enero los resultados del IPC 2023, revelando que, por tercer año consecutivo, Honduras figura entre los cuatro países de Latinoamérica con mayor índice de percepción de corrupción, junto a Venezuela, con una puntuación de 23 sobre 100 posibles.
Desde entonces, la ASJ ha sido objeto de presiones y ataques, lo que motivó a la organización a emitir un pronunciamiento el jueves pasado.
Ante esto, el gobierno ha respondido con una negación rotunda, reiterando su compromiso con el respeto a la labor de la ASJ como entidad de la sociedad civil.
“Vamos a respetar el derecho que tiene la ASJ de decir y hacer lo que como organización no gubernamental tiene derecho a hacer”, afirmó el funcionario.
El Ministro de la Presidencia subrayó que el gobierno no ha incurrido en amenazas hacia ninguna persona u organización solo puso en perspectiva la labor, y que reconoce y respeta el trabajo que lleva a cabo la ASJ en calidad de entidad no gubernamental.
Además, hizo hincapié en que el gobierno no está en contra de ninguna organización, sino que, por el contrario, promueve activamente los espacios cívicos para el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad hondureña.
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