Nueva crisis en el CNE: Consejera López denuncia ingreso irregular de equipos biométricos

Tegucigalpa.- Un nuevo conflicto institucional sacude al CNE luego de que la consejera vocal, Cossette López, denunciara públicamente que el consejero Marlon Ochoa impidió la verificación de equipos biométricos almacenados en el Centro Logístico Electoral (CLE), acusándolo de mantener bajo llave un aula y de autorizar movimientos de material sin registro ni autorización del pleno.

Detalles del incidente

• La crisis estalló mientras una comisión del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) realizaba una inspección técnica en los equipos biométricos almacenados en el CLE. Según López, el 22 de agosto ingresaron al aula 105 equipos, y el día jueves anterior otros 120, sin constar en el registro de bienes ni contar con autorización formal del pleno del CNE.

• López denunció que la llave del aula quedaba únicamente en manos del despacho de Ochoa (y de una persona identificada como Darwin Barahona) y que éste se negó a abrir la puerta a la comisión del CNA, un notario y representantes de partidos políticos. “Los dispositivos biométricos fueron trasladados al área de configuración sin pasar por el área de bienes”, afirmó la consejera.

• Finalmente, Ochoa accedió a abrir la puerta del aula, pero bloqueó el acceso a la comisión del CNA y a la Secretaría general del CNE, restringiendo la verificación completa del equipo.

• En su defensa, Ochoa calificó las denuncias de López como un intento de “boicotear el proceso electoral”. “Queremos elecciones, sin obstáculos”, declaró el consejero. López replicó: “Queremos elecciones, sí, pero con transparencia, no con equipos escondidos ni bajo llave de un solo partido”.

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Contexto y relevancia

Este enfrentamiento se produce en un momento crítico: el CNE tiene pendiente la adjudicación del sistema de biometría para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, y los conflictos internos ya habían sido priorizados como un riesgo a la credibilidad del proceso.

Específicamente:

• Solo la empresa Smartmatic presentó oferta para el sistema de biometría, lo que ha sido cuestionado por la falta de competencia.

• La urgencia por instalar y certificar los dispositivos biométricos fue avalada como necesaria para evitar duplicidad de votos y fortalecer la transparencia, pero también ha sido acompañada de denuncias de fallas logísticas y vulnerabilidades.

• Este episodio particular de los equipos almacenados sin control aparente añade un componente preocupante: la gestión de material electoral y de identificación es clave para la integridad de la elección. Cualquier desorden o falta de trazabilidad puede minar la confianza ciudadana.

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Qué está en juego

1. Confianza en el proceso electoral: Que haya equipos biométricos sin autorización ni registro formal, y acceso restringido, pone en duda la transparencia y diseño institucional del proceso.

2. Gestión institucional del CNE: El hecho de que un solo consejero controle el acceso a material clave del proceso electoral —y haya confrontación pública sobre esto— señala debilidades de gobernanza interna y riesgo de captura partidaria.

3. Impacto sobre cronograma y seguridad electoral: La verificación de los equipos biométricos, su contabilización, certificación y almacenamiento seguro son etapas esenciales del mecanismo técnico-operativo; la paralización o duda en estas etapas compromete el cronograma y la legitimidad de los comicios.

4. Precedente de conflictos institucionales: En un contexto donde ya se cuestiona la adjudicación del sistema biométrico a una sola empresa, el conflicto por los equipos físicos genera un efecto dominó que afecta la percepción ciudadana, la observación internacional y las garantías del proceso.

Qué se debe hacer

• El CNE debe instruir una auditoría independiente y pública sobre el ingreso, registro, custodia y destino de los equipos biométricos denunciados; levantar acta notarial de la situación y dar traslado a los órganos de control.

• El pleno del CNE debe pronunciarse sobre la denuncia, establecer procedimientos claros y transparentes para manejo de bienes y equipos electorales, y garantizar que ningún consejero tenga control exclusivo sobre material clave.

• Los partidos políticos, la sociedad civil y la comunidad internacional deberían exigir que se respeten los protocolos técnicos, legales y de transparencia, para evitar que el conflicto interno termine debilitando el proceso electoral.

• Finalmente, que se asegure que la verificación técnica, el número de equipos y su correspondencia con lo registrado estén bajo custodia con acceso amplio (CNA, notario, partidos) y que cualquier desvío se publique.

Este episodio evidencia que la integridad tecnológica del proceso electoral no se asegura solo con licitaciones o con tecnología avanzada: también depende de la transparencia institucional, la gobernanza adecuada y la rendición de cuentas, antes de que arranque la jornada de votación.

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