Elecciones bajo estado de excepción: un precedente preocupante para la democracia hondureña

Tegucigalpa.– A menos de un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, Honduras se apresta a sufragar bajo un régimen de excepción que fue ampliado recientemente hasta el 27 de diciembre. Esta extensión marca un hecho sin precedentes en la historia reciente del país: por primera vez unas elecciones nacionales se celebrarán con parte del territorio y buena parte del proceso electoral operando bajo condiciones excepcionales.

El estado de excepción fue decretado originalmente el 6 de diciembre de 2022 con el argumento de combatir el crimen organizado, las pandillas y la extorsión, y desde entonces ha sido objeto de múltiples prórrogas —al menos 25 hasta ahora— lo que lo ha convertido en una “medida permanente” más que en una excepción temporal. Finalmente, la aprobación de su vigencia “hasta diciembre” confirma que el proceso electoral, en lugar de transcurrir en condiciones normales, lo hará con restricciones que, según observadores, afectan derechos fundamentales.

La prolongación del estado de excepción coloca al país en un escenario de doble riesgo: por un lado, se generan amplias facultades para las fuerzas de seguridad, incluida la intervención militar y policial en territorios y la suspensión de garantías como la libre circulación, asociación y reunión. Por otro lado, esa misma estructura conlleva que el proceso electoral se desarrolle en un entorno marcado por la inseguridad institucional, la limitación de vigilancia ciudadana y una mayor vulnerabilidad para la participación democrática.

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Organizaciones de derechos humanos, como Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han advertido que celebrar elecciones bajo estado de excepción pone en entredicho la legitimidad del proceso, pues las condiciones no solo limitan el ejercicio pleno de derechos civiles, sino que permiten un mayor margen para irregularidades o manipulación.

El gobierno, por su parte, ha defendido la medida asegurando que se trata de una estrategia necesaria para mantener la seguridad pública y garantizar “unas elecciones sin violencia”. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha afirmado que «solo los criminales deben preocuparse» ante la extensión del estado de excepción. No obstante, esta retórica choca con la realidad: la medida se mantiene justo durante el periodo más sensible de la franquicia democrática, lo que genera sospechas sobre su uso como herramienta de control político más que de protección ciudadana.

La combinación de elecciones más un estado de excepción prolongado crea una ecuación peligrosa: una campaña con restricciones, centros de votación bajo vigilancia militarizada y ciudadanos que podrían sentirse intimidados o impedidos para participar libremente. En un documento reciente, una organización hondureña especializada concluye que “el régimen de excepción se ha vuelto incompatible con la celebración de elecciones legítimas”.

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En última instancia, Honduras enfrenta un desafío histórico: si no recupera un entorno electoral verdaderamente libre y transparente, el resultado no será solo la elección de un presidente, alcaldes o diputados, sino la legitimación de un sistema electoral que operó bajo un estado de emergencia, lo que podría debilitar para siempre la confianza en sus instituciones democráticas.