Alertan que policías y más de 100 fallecidos figuran como “habilitados” para votar a días de las elecciones

Tegucigalpa.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, remitió un oficio urgente a la presidenta del organismo, Ana Paola Hall, advirtiendo que miembros activos de la Policía Nacional y al menos 107 ciudadanos fallecidos continúan apareciendo como “habilitados” en el Censo Nacional Electoral, a solo días de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

En el documento, fechado este 26 de noviembre, López-Osorio detalla que la situación fue previamente notificada mediante oficios anteriores, pero que hasta ahora las irregularidades persisten, lo que representa un riesgo directo para la integridad del proceso electoral. La consejera califica el problema como de “atención inmediata”, dado que la ley prohíbe expresamente que ciertos servidores públicos, como miembros de cuerpos armados, ejerzan el voto mientras estén en funciones.

La funcionaria solicita que se requiera de forma inmediata a la Policía Nacional y a la Policía Militar de Orden Público el envío de nóminas actualizadas del personal dado de alta en los últimos meses, así como a la Corte Suprema de Justicia el listado oficial de personas privadas de libertad, todo en un plazo máximo de 24 horas, amparándose en el artículo 88 de la Ley Electoral.

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Aunque reconoce que ya no es posible modificar el Censo Electoral a estas alturas del proceso, López-Osorio propone una medida de contingencia: activar en el sistema del CNE alertas automáticas para que, en caso de que una persona inhabilitada por ley o por fallecimiento intente votar, quede constancia del intento y se impida la emisión del sufragio, incluyendo verificaciones en los cuadernos de votación al cierre de la jornada.

La advertencia expone una falla grave de depuración del padrón electoral que, de no corregirse operativamente, podría abrir la puerta a cuestionamientos sobre legitimidad, transparencia y confiabilidad de los resultados. En un proceso ya marcado por tensiones políticas y denuncias cruzadas, la revelación añade un nuevo foco de preocupación institucional.

Hasta el cierre de esta nota, el CNE no había emitido una postura pública sobre las acciones que adoptará frente a este señalamiento, que pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar un padrón limpio y un proceso electoral confiable, condición mínima para la democracia en Honduras.

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