“Ataque a bus revela la fragilidad del sistema de seguridad en Tegucigalpa”

Tegucigalpa.- Pese a que las autoridades insisten en que “vamos bien” en materia de seguridad, los hechos demuestran lo contrario. Este martes, un nuevo ataque contra una unidad de transporte de la ruta Ulloa–Mercado paralizó el servicio en Tegucigalpa, luego de que el hecho fuera utilizado como presión para exigir el pago de extorsión. La violencia volvió a sembrar el miedo entre los trabajadores del transporte, quienes optaron por suspender las operaciones para proteger sus vidas.

De acuerdo con los transportistas, las amenazas y cobros ilegales por parte de grupos criminales han aumentado significativamente en los últimos meses. Los conductores aseguran que las estructuras delictivas operan con total impunidad, exigiendo pagos cada vez más altos y utilizando la violencia como mecanismo de presión. En esta ocasión, el atentado ocurrió en la propia terminal de buses, dejando claro que ni siquiera los puntos de resguardo son seguros.

Esta misma ruta, la Ulloa–Mercado, ya había suspendido labores la semana anterior por el mismo motivo. Lo que antes eran pausas temporales para exigir protección, hoy se han vuelto parálisis prolongadas que afectan directamente a miles de usuarios. La población trabajadora, que depende del transporte público para movilizarse, se ve forzada a caminar largas distancias o pagar tarifas más altas en otras rutas, mientras el Estado permanece ausente.

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El fenómeno no es nuevo, pero sí más agresivo. Según datos del sector transporte, los grupos extorsivos habrían obtenido al menos 600 millones de lempiras en 2024, pese a la vigencia del estado de excepción que el gobierno mantiene como su principal estrategia contra la criminalidad. Sin embargo, el incremento de ataques, cierres de rutas y asesinatos relacionados con la extorsión evidencian que dicha política ha fracasado en garantizar resultados sostenibles.

Mientras tanto, las autoridades insisten en discursos de “control y reducción del delito”, ignorando los reclamos de los sectores más golpeados por la inseguridad. Los transportistas aseguran que no se trata solo de falta de presencia policial, sino de una descomposición institucional que permite que los grupos criminales actúen a plena luz del día sin consecuencias. En muchos casos, las denuncias quedan archivadas o no reciben seguimiento, lo que alimenta la impunidad.

Este nuevo ataque en la colonia Ulloa vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿de qué sirve un estado de excepción que no protege a los ciudadanos comunes? La parálisis del transporte público no solo refleja miedo, sino también la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad. Honduras, una vez más, se ve obligada a reconocer que el discurso oficial de tranquilidad no coincide con la realidad que se vive en las calles.

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