El Checazo se enfría: tres meses después, la Sedesol sigue bajo investigación, pero sin requerimientos

Tegucigalpa.- A más de tres meses de estallar el escándalo conocido como “Checazo” en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), las promesas de transparencia y rendición de cuentas por parte del Ministerio Público (MP) siguen sin materializarse en cargos firmes o procesos judiciales concluyentes. En un comunicado emitido el 15 de octubre, el ente investigador reafirmó que aún no presentará requerimientos fiscales débiles, pero la lentitud sigue siendo el principal reproche ciudadano.

Según el MP, fiscales, peritos y agentes asignados están realizando auditorías forenses y pericias de vinculación con el propósito de fortalecer las pruebas que sustenten las acusaciones frente a los tribunales. El comunicado oficial afirma que también se revisa el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para identificar hallazgos que puedan servir de apoyo.

No obstante, aunque estas labores técnicas avanzan, no hay hasta ahora ningún requerimiento ni acusación formal. El MP advirtió que no presentará solicitudes fiscales carentes de respaldo probatorio, pues hacerlo implicaría fomentar la impunidad para los señalados.

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La postura oficial contrasta con el contexto de presiones políticas que rodean el proceso. El caso involucra figuras prominentes como la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona, cuyos nombres han sido expuestos como posibles responsables en la distribución irregular de fondos, cheques sin firmas y favorecimientos partidarios.

A su vez, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha jugado un papel clave en el caso: su auditoría identificó indicios de responsabilidad penal y entregó su informe al MP, que ahora lo analiza para determinar los pasos legales a seguir.

Mientras tanto, sectores ciudadanos, organizaciones de transparencia y medios han criticado la inacción del sistema de justicia. Se acusa al MP de arrastrar las investigaciones mientras los implicados continúan ocupando cargos de poder, lo que profundiza la percepción de que el escándalo del “Checazo” corre el riesgo de quedar impune.

En resumen, el comunicado del MP del 15 de octubre reafirma su decisión de priorizar la solidez probatoria antes que apresurar acusaciones débiles. Pero esa cautela también revela una debilidad estructural: la falta de avance visible alimenta la frustración y la duda sobre si, al final, los implicados enfrentarán consecuencias reales.

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