Esta es la polémica empresa Smartmatic que Marlon Ochoa buscaba imponer en el TREP de Honduras

Tegucigalpa. — En medio de la creciente disputa interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la adjudicación de la conectividad satelital del TREP, el nombre de Smartmatic reaparece como el eje de una controversia que va más allá de lo local: se trata de una firma con historial de denuncias, demandas y señalamientos internacionales que, según críticos, la convierten en una opción de “alto riesgo reputacional” para cualquier proceso electoral. Las acusaciones y procesos abiertos en varias jurisdicciones —y la insistencia del consejero Marlon Ochoa para beneficiarla, según denuncias internas— explican por qué la elección de esta empresa ha encendido alarmas en sectores políticos, técnicos y de la sociedad civil hondureña.

¿Quién es Smartmatic?

Smartmatic es una compañía multinacional que diseña y presta servicios de tecnología electoral: desde sistemas de votación electrónica hasta soluciones de transmisión y tabulación de resultados. Fundada con conexiones empresariales en Venezuela, lanzó operaciones en múltiples países y mercados, y ha sido contratista en procesos electorales en Asia, América y Europa. No obstante, su expansión ha venido acompañada por controversias sobre su conducta empresarial y posibles irregularidades en contratos y operaciones.

Resumen de las acusaciones y casos más relevantes

1. Investigaciones y cargos por presuntos sobornos y ‘slush fund’.
   En 2025 fiscales federales en Estados Unidos presentaron cargos por presunta corrupción relacionados con un esquema de pagos ilegales a funcionarios electorales en Filipinas (pagos por más de US$1 millón), que habrían sido canalizados mediante sobre-facturación y fondos ocultos. Los documentos judiciales mencionan además la existencia de un “slush fund” financiado con dinero procedente de contratos, entre ellos el contrato millonario en el condado de Los Ángeles. Smartmatic y ex-ejecutivos han sido implicados en esas indagatorias; la empresa niega las imputaciones.

2. Vínculo con el contrato de Los Ángeles y destino de fondos.
   Denuncias periodísticas y presentaciones judiciales afirman que parte de los fondos del contrato de aproximadamente US$282 millones en el condado de Los Ángeles habrían sido desviados a un fondo que luego se habría usado para presuntos sobornos en otras jurisdicciones. Ese expediente avivó las sospechas sobre la gestión financiera y el uso de recursos en contratos públicos.

3. Implicaciones en Filipinas y examen internacional.
   Las investigaciones relacionadas con pagos a funcionarios en Filipinas (2015–2018) llevaron a la apertura de causas en cortes estadounidenses y a indagaciones en Filipinas, lo que puso en tela de juicio prácticas de negocios de la compañía en mercados externos.

4. Acusaciones previas de manipulación en Venezuela (2017).
   Smartmatic dio la alarma en 2017 al declarar que los datos de participación en la elección de la Asamblea Constituyente de Venezuela habían sido manipulados —una revelación que generó una fuerte reacción política en ese país y que quedó como antecedente controversial sobre su rol técnico y la relación con gobiernos locales.

5. Litigios y disputas por reputación (EE. UU.).
   Smartmatic también ha estado en el centro de batallas legales relacionadas con la desinformación sobre su papel en las elecciones de EE. UU. (demandas por difamación contra medios como Newsmax, OAN y Fox). Algunas demandas se han resuelto con acuerdos; otras siguen activas, y en los papeles judicia.

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¿Qué dicen los fiscales y la prensa internacional?

Medios de referencia y documents judiciales en 2025 y 2024 trazaron una línea donde aparecen desde imputaciones por presunto lavado de dinero y conspiración para soborno hasta referencias a mecanismos contables y contratos inflados. Las agencias y diarios que cubren los procesos (Reuters, AP, Washington Post, LA Times, The Guardian) destacan que, aunque en algunos casos las acusaciones apuntan a ejecutivos y esquemas específicos, la acumulación de señalamientos plantea dudas legítimas sobre la gobernanza y el control interno de la compañía. Smartmatic se ha defendido públicamente, calificando muchas de estas insinuaciones de inexactas y asegurando que coopera con las autoridades donde corresponde.

Por qué la contratación de Smartmatic despierta rechazo técnico y político

• Riesgo reputacional: Contratar a una empresa con expedientes abiertos o ecos de escándalo internacional puede minar la confianza ciudadana en el conteo y la transmisión de resultados, justo cuando la transparencia es el activo más valioso de una elección.

• Costo y competencia: En el caso hondureño, la consejera Cossette López denunció que la oferta de Smartmatic sería sensiblemente más cara que otras propuestas (diferencia de ~67 millones de lempiras), lo que añade la sospecha de favoritismo frente a criterios de valor y eficiencia. Esa disparidad económica, combinada con los cuestionamientos internacionales, alimenta la percepción de adjudicación irregular.

• Precedentes técnicos y políticos: Ante casos previos donde Smartmatic estuvo involucrada en controversias (por ejemplo, Venezuela 2017), sectores técnicos recuerdan que la empresa no es un actor neutro en la memoria colectiva de procesos polémicos, por lo que su participación requiere salvaguardas y auditorías extraordinarias.

Qué implicaría para Honduras si se impone a Smartmatic

1. Daño a la percepción de imparcialidad: Incluso sin que existan pruebas de manipulación local, la sola presencia de una empresa cuestionada puede erosionar la confianza de votantes, partidos y observadores internacionales.

2. Riesgo político inmediato: Denuncias internas (como la de la consejera Cossette López sobre presiones y amenazas) ya colocan el proceso de adjudicación como un foco de conflicto institucional. Si se adjudica y luego surge un problema técnico o administrativo, la reacción política podría ser explosiva.

3. Exposición legal y contractual: Si investigaciones internacionales derivan en sanciones, congelamiento de cuentas o bloqueo de servicios, el CNE podría quedar desamparado frente a fallas operativas en un momento crítico.

Respuestas formales y posición de Smartmatic

La empresa, en documentos públicos y en litigios, ha negado las acusaciones y ha buscado defender su reputación a través de acciones legales (por ejemplo, demandas por difamación en EE. UU.). También ha afirmado que actúa conforme a la ley y que sus servicios son técnicamente sólidos. No obstante, las investigaciones penales sobre ejecutivos y la atención mediática generan un contexto en el que sus garantías jurídicas y comunicacionales no bastan para despejar todas las dudas.

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Conclusión: por qué este caso merece máxima transparencia

Que un consejero del CNE presione para imponer a Smartmatic —según denuncias internas— obliga a que el proceso de adjudicación sea público, auditado y acompañado por observación independiente. La historia internacional de la empresa, con investigaciones sobre presuntos sobornos, desvíos de fondos y litigios mediáticos, no es un detalle menor: es información relevante para evaluar la idoneidad de un proveedor cuya operación impacta directamente la confianza pública en la elección.

Fuentes clave consultadas: Reuters, Associated Press, Los Angeles Times, The Washington Post, The Guardian, y reportes de archivo sobre Smartmatic.