Inscriben a Rodolfo Padilla Sunseri como candidato a alcalde de SPS pese a procesos judiciales pendientes

Tegucigalpa.- En medio de intensos cuestionamientos legales y políticos, el exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri fue inscrito recientemente como candidato a la alcaldía de San Pedro Sula por el partido Libre, aunque enfrenta una condena por prevaricato administrativo y una inhabilitación especial para cargos públicos que aún no ha sido definitivamente resuelta. Su nombre ya aparece en las papeletas oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), a pesar de estas sombras legales.

Procesos judiciales e inhabilitación pendiente

Padilla Sunseri fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de prevaricato administrativo, lo que le impuso una inhabilitación especial que le prohíbe ejercer cargos públicos por un determinado período. Aunque algunos procesos fueron objeto de recursos de revisión y apelaciones, la causa continúa activa y sin un fallo absolutorio que lo libere plenamente de esas restricciones.

A pesar de esto, el CNE permitió la aparición automática de su fotografía y nombre en la papeleta electoral del municipio, argumentando que el sistema automatizado validó su inscripción conforme al procedimiento interno, sin intervención humana directa. Esa adhesión automática ha generado sorpresa y críticas, pues la inhabilitación derivada de sentencia firme debería impedir legalmente el ejercicio de funciones públicas.

Críticas desde la institucionalidad y la sociedad civil

Analistas y sectores de la sociedad han cuestionado que un candidato con procesos judiciales pendientes pueda figurar como aspirante oficial, alegando que esta práctica socava la integridad del sistema electoral y debilita la lucha contra la corrupción. En una nota de crítica, expertos sostenían que permitirlo envía un mensaje de impunidad a la ciudadanía, especialmente cuando las instituciones encargadas del control deben garantizar que los candidatos cumplan los requisitos legales más básicos.

Algunos defensores del sistema argumentan que mientras no exista una sentencia firme o una resolución definitiva que confirme la imposibilidad de participar, el principio de presunción de inocencia debe prevalecer. No obstante, esta interpretación es controversial cuando involucra delitos contra la administración pública.

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Contexto de corrupción en la municipalidad y nuevas pruebas

El caso de Padilla ocurre en un contexto más amplio de denuncias de corrupción en la alcaldía de San Pedro Sula. El Ministerio Público presentó recientemente 40 medios de prueba en el proceso judicial por presuntos actos de corrupción que ascienden a más de 45.5 millones de lempiras, relacionados con obras viales en la municipalidad mediante empresas de fachada o “empresas de maletín”. Estas indagaciones incluyen contratos fraccionados, incumplimiento de obras y triangulación de fondos entre la comuna y entidades contratistas.

Este panorama hace que la inscripción de Padilla —quien previamente ya ha sido objeto de acusaciones por corrupción y cuya figura ha estado envuelta en polémica judicial y política— se vuelva aún más simbólica de los dilemas institucionales que enfrenta Honduras en materia de rendición de cuentas y legalidad pública.

Implicaciones políticas y desafíos electorales

La decisión de inscribir a Padilla Sunseri tiene efectos inmediatos en el tablero político de San Pedro Sula. Por un lado, condiciona la campaña de sus competidores, quienes pueden intentar impugnar su candidatura ante tribunales o instancias electorales. Por otro lado, impulsa narrativas de conflicto entre la legalidad formal y la práctica política, generando incertidumbre entre los votantes.

Asimismo, plantea un desafío para el partido Libre, que debe balancear entre su apuesta política por el liderazgo veterano de Padilla y la necesidad de preservar su imagen frente a señalamientos de impunidad. En las próximas semanas será relevante observar si las instancias judiciales emiten pronunciamientos adicionales que confirmen su habilitación o ratifiquen su inhabilidad.

El asunto no solo tiene implicaciones locales: reproduce en pequeño la tensión nacional entre partidos políticos, justicia independiente y control institucional. En última instancia, el CNE, la CSJ y otros órganos deberán decidir si un candidato con procesos judiciales no resueltos puede participar sin vulnerar los principios de la Constitución y la ley electoral.

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