Campesinos e indígenas hondureños se quejan de la injusticia y la opresión que sufren en el campo

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) acompañó hoy la manifestación realizada por organizaciones campesinas e indígenas que denunciaron la injusticia y la opresión que sufren en el campo.

Además, los integrantes de esas organizaciones exigieron a la Corte Suprema de Justicia que resuelvan los recursos interpuestos en la Sala de lo Constitucional para que se garantice el derecho de acceso a la tierra.

El CONADEH considera que se deben adoptar acciones concretas encaminadas a investigar las muertes violentas como parte del conflicto agrario que se vive en el país.

Se estima que más de un centenar de personas han muerto violentamente como parte del conflicto agrario.

Los campesinos denunciaron, en el marco de la manifestación, que por décadas se han enfrentado a desalojos sistemáticos de sus tierras y que, algunas comunidades, han sido objeto de desplazamiento forzado.

También se quejaron del abandono institucional, situación que los coloca en una situación de vulnerabilidad extrema donde la lucha por la tierra y la dignidad se convierten en una batalla diaria por la supervivencia y la justicia.

Los campesinos exigieron a las autoridades hondureñas que se deroguen disposiciones como las establecidas en el decreto Legislativo 93-2021, que agrava el delito de la usurpación y reprime la reivindicación de los derechos por parte de sectores populares y organizaciones de derechos humanos.

En la manifestación, de este miércoles, exhortaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que emita sentencia favorable sobre las acciones de inconstitucionalidad interpuestas desde el año 2021 en contra de ese decreto.

Los manifestantes también condenaron los asesinatos, amenazas, el desplazamiento forzado y y otros actos de violencia cometidos en contra miembros del movimiento campesino e indígena.

En la lucha contra la impunidad, exigieron una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de esos crímenes y se garantice el acceso a la justicia y la no repetición de esos hechos.

El Conadeh considera que la aplicación del Decreto 93- 2021, que habilita la práctica de desalojos preventivos e inmediatos, sin control jurisdiccional, ha agravado la conflictividad vinculada a la tierra y territorio de estas poblaciones.