CORRUPCIÓN
“Checazo”: TSC confirma responsabilidad penal en escándalo de desvío de fondos

Tegucigalpa.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó que en el sonado caso del “Checazo” existen hallazgos que configuran responsabilidad penal, un nuevo golpe a la credibilidad del oficialismo de Libre, señalado de financiar su maquinaria electoral con dinero público.
El portavoz del ente contralor, Rodolfo Isaula, explicó que el informe de auditoría concluyó con evidencias de irregularidades, por lo que ahora será el Ministerio Público el encargado de determinar los delitos específicos y judicializar el expediente. El documento completo, adelantó, se publicará en la página web del TSC en los próximos días.
El caso, también conocido como “Cheque Video”, surgió tras la difusión de una grabación en la que aparecen la diputada de Copán, Isis Cuéllar, y el exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, admitiendo el desvío de fondos de la institución hacia actividades de campaña electoral.
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En la conversación, Cuéllar detalla cómo los recursos se transformaron en kits de campaña para las estructuras de Libre en Copán:
“¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit.”
Entre los artículos entregados se mencionan equipos de sonido, carpas, banderas, sillas, camisetas y demás utilería política. Cardona, lejos de frenar la ilegalidad, respalda a la diputada y la alienta a neutralizar a quienes la criticaban dentro del mismo partido.
El escándalo obligó a la renuncia del ministro Cardona, mientras que a Cuéllar se le anunció una suspensión interna de Libre y un supuesto veto a su reelección. Sin embargo, esas sanciones nunca se concretaron y la congresista recuperó protagonismo político, dejando en evidencia la fragilidad de los mecanismos disciplinarios del partido de gobierno.
Con los hallazgos del TSC, el caso regresa a la escena pública y pone presión sobre el Ministerio Público, que ahora deberá decidir si hay suficiente valor institucional para sentar un precedente en uno de los episodios más vergonzosos de uso de recursos del Estado con fines electorales.
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